Antifraude quiere ampliar sus competencias con el control de los contratos del Sector Público

La Agencia Antifraude quiere mejorar sus estatus, su interlocución con el Consell, la situación de sus funcionarios y sus competencias en cuanto a la contratación. Para ello remitió el pasado 4 de noviembre a la Mesa de Les Corts un informe en el que pide que se modifique tanto la ley de creación del organismo dirigido por Joan Llinares a través de la Ley de Acompañamiento como la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2020. El ente solicita que los grupos parlamentarios enmienden la normativa a través de enmiendas que permitan modificar tres artículos, así como la disposición adicional primera de la normativa que sustenta las cuentas de la Administración valenciana para el próximo año. El cambio más sustancial que propone la Agencia es incorporar a sus funciones la puesta en marcha de una oficina de regulación y supervisión de la contratación del sector público de la Generalitat.

El cambio supondría que Antifraude coordinaría la supervisión de la contratación y de la ley que la regula, así como promover buenas prácticas en este ámbito y verificar que se actúe con transparencia a la hora de difundir las adjudicaciones, así como todo lo relacionado con los conflictos de intereses. Igualmente, la Agencia, a través de esa nueva oficina, realizaría «encuestas e investigaciones», para lo cual tendrá acceso a los «órganos y servicios de contratación», remitiría informes y aprobaría «instrucciones fijando pautas de interpretación y de aplicación de la legislación». Para todo ello, señala que será necesario garantizar «la suficiente dotación de recursos materiales y de personal especializado, con un dimensionamiento adecuado de las estructuras»; es decir, que pide más dotación presupuestaria y más plantilla.

Fuentes vinculadas al Botánico opinan que la petición es «una locura» por entender que se crearía «un monstruo que invade competencias de otros órganos», ya que la Agencia actuaría en ámbitos similares a la Inspección General de Servicios, la Intervención de la Generalitat, la Oficina de Control de Conflictos de Intereses y hasta la Sindicatura de Comptes. Sin embargo, desde la Agencia se justifica que asumiría esas competencias en función de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Públicos. Desde Les Corts, uno de los grupos de la izquierda señala que las enmiendas se estudiarán «con tranquilidad», pero no mucha, porque el plazo para presentar enmiendas a la Ley de Acompañamiento acaba mañana.

Además de modificar sus funciones para asumir el control de la contratación, Antifraude pide enmendar su ley para dejar de interlocutar con el Gobierno valenciano únicamente a través de la conselleria con las competencias en transparencia. Igualmente, pide que se cambie la ley de presupuestos para incorporarse al apartado donde se habla del reintegro de fondos de las instituciones estatutarias (sindicaturas y Consell Jurídic, entre otros). Llinares reclama casi desde la puesta en marcha de esta entidad que se eleve su rango, pero no recibe una respuesta positiva. Se trata de un nuevo intento, esta vez a través de la equiparación de la Agencia con las instituciones, lo que de algún modo serviría para legitimar su petición de mejorar su estatus.