Antifraude reprocha al Consell que haya inmuebles vacíos y se paguen alquileres

La Agencia Antifraude ha remitido una carta a la Conselleria de Transparencia para reprochar al Gobierno valenciano la situación patrimonial que ha provocado que en la actualidad el catálogo de inmuebles del Ejecutivo tenga más de 140 espacios disponibles, mientras algunas entidades, como el propio departamento firmante, tenga que acudir al alquiler de espacios privados. En su escrito, el director de la Agencia, Joan Llinares, hace referencia al informe de la Inspección general de servicios detallado por este diario, sobre el estudio y análisis de la gestión del patrimonio inmobiliario de la Generalitat y recuerda que su área está afrontando «un cuantioso e innecesario gasto» cada mes, fruto de la actual situación.

En concreto, la Agencia Antifraude se instaló hace ya más de un año en un inmueble en la céntrica calle Navellos, junto a Les Corts, por el que paga 10.000 euros mensuales de alquiler, aunque según explica su director en la misiva, en el propio debate de creación del organismo ya se estableció que la sede de Antifraude estaría ubicada en el edificio de la antigua Casa de los Caramelos. Un inmueble propiedad del Parlamento, pero adscrito a Presidencia, y cuya rehabilitación y reforma está actualmente en vía muerta.

El retraso en la adecuación del edificio, que depende del Palau de la Generalitat, ha provocado ya un gasto considerable para la Agencia. De hecho, su director pide al Consell que, dado el retraso en la rehabilitación de la que iba a ser su sede definitiva, se adscriba como sede de Antifraude cualquiera de los edificios que, según el informe de la Inspección general de servicios están vacíos.

En la carta, el director de la Agencia asegura que la instalación en uno de los inmuebles propiedad de la Generalitat no sólo liberaría al organismo de un cuantioso coste, sino que permitiría un «mejor aprovechamiento» del patrimonio público de la Generalitat. De hecho, asegura que tan pronto se les adscriba un inmueble podrán rescindir el contrato de alquiler y podrían mudarse a principios del año que viene, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas de la institución.

La petición de Antifraude se produce después de que la Inspección general de servicios, dependiente de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo concluyera que el Gobierno valenciano apenas es capaz de hacer un seguimiento de sus propios bienes, sus inmuebles, ni de sus contratos patrimoniales o de los alquileres en los que es arrendador.

Los inspectores aseguraron que el aprovechamiento de los inmuebles de titularidad autonómica es muy mejorable, pues sobre muchos de ellos no se hace un seguimiento y respecto a otros se ceden sin hacer un seguimiento de que sus inquilinos cumplen los requisitos legales para ocuparlos. Igualmente, el informe señala que no hay una actualización permanente de la información sobre el grado de uso de los edificios administrativos. Se carecen de estudios del parque inmobiliario de edificios administrativos, se desconoce el modo en que están ocupados ni se planifica las necesidades de nuevos espacios.

«Se deben adoptar medidas para reducir el número de inmuebles patrimoniales ociosos, esto es, sin uso ni explotación: en dicha situación habría 143 inmuebles patrimoniales», señala textualmente el informe. El informe de la IGS recomienda valorar que se adopte una regulación para organizar la optimización del patrimonio de la Generalitat «que podría incluir la creación de un órgano interdepartamental que sirviese al mismo tiempo de foro de coordinación y de adopción de compromisos par la optimización con una implicación de las consellerias».