Antifraude sigue sin superar la crisis de fugas en la plantilla

No hay crisis, ni siquiera la del coronavirus, que pueda detener la sangría de bajas que acumula la Agencia Antifraude. Las estadísticas muestran que la organización, nacida por el impulso personal de Podemos, no logra cubrir su plantilla.

Las fuentes consultadas, conocedoras de la forma de trabajar de la entidad, citan el exceso de trabajo y la falta de medios unida a una especial e incómoda atmósfera laboral como los motivos para salir a la mínima oportunidad de la agencia que dirige Joan Llinares.

Ahora, el DOGV ha publicado la convocatoria de dos plazas, la del responsable de la unidad de coordinación informática y la del jefe de explotación de los sistemas informáticos. Estos dos cargos coordinarán diferentes procesos dentro de la agencia, como garantizar el buen funcionamiento de las aplicaciones y sistemas informáticos.

Su superior directo será el director de análisis e investigación, otro puesto que también está vacante después de las inesperadas salidas de los dos anteriores encargados. El primero, que dejó su cargo a los seis meses de incorporarse, fue el abogado de la Generalitat, Miguel Ángel Cervera, el profesional de la Abogacía que más casos de corrupción había llevado hasta la fecha. El segundo, Marcial González, un agente de la UCO que se marchó al año por un supuesto problema con el Ministerio de Defensa que le impedía mantener sus condiciones laborales si seguía en Antifraude. Este puesto acapara una gran responsabilidad en el organigrama.

Llinares no se ha quedado callado ante la salida masiva de cargos de su plantilla. En un primer momento, habló de que era complicado aguantar el ritmo de trabajo de una agencia especializada con la cultura funcionarial. En otras ocasiones, ha deslizado que los que llegan mejoran las capacidades de los que se van. Los funcionarios que han abandonado el organismo, en cambio, han optado por la discreción mediática.

Las dos últimas personas que han dejado sus obligaciones son Francesc Botella, técnico en el Departamento de Formación de la Agencia, muy cercano a Llinares, un fichaje que se incorporó al organismo en febrero de 2018. La otra era una administrativa.

La Agencia debería tener una plantilla de 40 personas, pero nunca ha logrado situarse en el pleno rendimiento. Es más, según la información que dispone LAS PROVINCIAS, casi una veintena de personas han salido de la organización desde su nacimiento.

Antifraude ha abierto numerosas investigaciones, pero hasta la fecha uno de los encargos más relevantes ha sido la elaboración de dos informes periciales sobre las adjudicaciones en el caso Erial. En concreto, los expertos llegaron a la conclusión de que la privatización de las ITV y las adjudicaciones de los parques eólicos si amañaron para favorecer a los empresarios que supuestamente pagaron comisiones al expresidente Eduardo Zaplana.

La Agencia no ha contado nunca con el respaldo de los grupos políticos. Fue una petición expresa de Podemos en un momento en el que no estaba en el Gobierno, pero sí eran socios. Ni PSPV ni Compromís le dieron apoyo. De hecho, hoy en día la sede está en unas dependencias por las que pagan 10.000 euros al mes a una empresa del diputado nacional de Teruel Existe, Tomás Guitarte. No se les cedió ninguna dependencia pública.