Antifraude sostiene que el alto cargo destituido archivaba denuncias sin analizarlas

Desde la Agencia parecen no darle importancia a todo ese listado de despropósitos que el propio director ha relatado sobre el funcionamiento de la entidad. Beut opta por guardar silencio acerca de lo que se ha encontrado -o le han contado- nada más aterrizar en la organización. Remite a una comparecencia informal que celebrará en una semanas para dar explicaciones.

LAS PROVINCIAS preguntó este jueves si el dirigente tenía pensado denunciar alguna de estas actuaciones. No hubo respuesta. Una de las cuestiones de mayor gravedad es la descripción que hace del papel de Segura, el ya exdirector de investigación y análisis. Beut recoge por escrito que su subordinado no respetaba los procedimientos internos de Antifraude. Así, le imputa directamente que daba órdenes a los funcionarios acerca de archivar o inadmitir las denuncias que llegaban hasta las dependencias. Se ignora el número de ocasiones que actuó de esta forma al igual que el criterio o los motivos de Segura para estas supuestas «decisiones improcedentes». El exalto cargo, al igual que Beut, ha optado por no dar su versión de los hechos pese a la consulta de este diario.

En el mismo sentido, el despido se argumenta con el hecho de que Segura tampoco se ajustó a las órdenes internas para la tramitación de expedientes, es decir, que operaba de acuerdo a su criterio. Esto ha derivado en un «tratamiento desigual» de las Administraciones a las que supuestamente vigilaba Antifraude.

También dentro de mismo apartado, el despido subraya que Segura dio un tratamiento diferente e «improcedente» a determinadas alertas que anunciaban irregularidades de la propia Agencia Antifraude. Este diario, en su momento, publicó que Antifraude había recibido una denuncia anónima para que se investigara un viaje de Joan Llinares a Austria para participar en el European Partners against Corruption, un grupo de asociaciones que luchan contra la corrupción.

De igual modo, el máximo dirigente aprovecha el despido para reprochar a Segura que durante su periodo de vacaciones ha tomado decisiones unilaterales o incluso ha dicho que contaba con la autorización del nuevo director cuando no era así. En definitiva, unas semanas en las que ha mostrado «desconsideración, falta de respeto y deslealtad». Una situación que también achacó a la otra destituida, Teresa Clemente, a quien acusa de enviar emails durante las vacaciones para criticar al nuevo dirigente.

Los ahora perjudicados por la decisión de Beut pueden plantear un Contencioso al considerar que los motivos que alega la nueva dirigencia son falsos y, por tanto, la decisión sería arbitraria. Podrían reclamar su readmisión. Un juicio que podría ser una auténtica radiografía del verdaderos funcionamiento de la Agencia. Pero, en caso contrario, aceptar sin más el dictamen de Beut, deja muy dañada su labor profesional. Por otro lado, ambos son funcionarios -como todos los de la Agencia Antifraude- y no necesitan seguir en la entidad para tener un sueldo.

La Agencia siempre ha tenido problemas para completar su plantilla. Las fugas han sido constantes. Por ejemplo, llamativo fue el caso del primer responsable de investigación que apenas duró seis meses. El director Joan Llinares, en su momento, señaló que las bajas se debían al alto grado de especialización y esfuerzo que exigía Antifraude. Beut ahora da otras razones. Entre ellas, que aquello era un desastre.