Antifraude sugiere que los tratos de favor en el 112 son «recurrentes»

En definitiva, una gravísima disfunción del sistema donde debería primar la igualdad. Esto es lo que revela personal de un Samu durante la investigación llevaba a cabo por Antifraude. «En otra ocasión, PSC (son las iniciales de la directora del Servicio de Atención Sanitaria a Urgencias y Emergencias) la activó para llevar a casa a su marido». Y «lo habrá hecho más veces», añade esta profesional que recuerda que hay conversaciones que no se graban en el operativo del 112.

La investigación de la Fiscalía apuntaría, de momento, a las personas que disponen de poder de decisión sobre los dispositivos de Emergencias. En este punto, queda fuera Mira por estar sus competencias al margen pese a ser ella quien parece solicitar un trato preferente, según se desprende de las comunicaciones. Pero sí se intuye como necesario el papel de José María Ángel, el que fuera secretario autonómico de Emergencias con el Botánico y Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, todavía en su puesto. Ambos aparecen en las conversaciones que Antifraude ha recopilado para su investigación.

Pero las pesquisas, ahora ya en manos de la Fiscalía, también sitúan en el foco a dos profesionales sanitarias. Por un lado, una coordinadora médica, que responde a las iniciales de CEV, y por otro, la directora del Servicio de Atención Sanitaria a Urgencias y Emergencias, Pura Sánchez. La Conselleria de Sanidad afirmó el pasado viernes que no tenía conocimiento del citado expediente. Tanto la coordinadora médica como la otra responsable continúan hoy ejerciendo sus respectivas responsabilidades. Ni se han apartado ni han recibo la orden de hacerlo.

El PP lo tiene claro. Pretende practicar la 'caza mayor' y apunta hacia la exconsellera Gabriela Bravo, de quien dependía Emergencias. Una dirigente que ya fue señalada directamente por el famoso tren de Bejís, un convoy de pasajeros que se adentró en un incendio forestal por fallos de comunicación entre Bomberos y Emergencias. El resultado: una veintena de heridos. «Está más que demostrado que su gestión no ha sido la adecuada en estos años al frente de la Conselleria y, sin embargo, todavía no la hemos escuchado hablar ni dar explicaciones», criticó la diputada popular Verónica Marcos.

Compromís, por su parte, ha pedido la dimisión «de todos los implicados» y en Vox parecen ir en una línea similar, mientras que desde el PSPV se indica «apoyamos cualquier tipo de investigación sobre este asunto» y le recuerdan a Mazón que Mira forma parte de su Consell.

La emergencia se produjo en el término de Yàtova, cerca de la cueva de Las Palomas. Se trata, en teoría, de una zona de fácil acceso. De hecho, está frecuentada por niños. El aviso ahora investigado alertaba de una posible fractura de tobillo. El helicóptero aterrizó a escasos metros de la víctima y cuando se les dijo que era esa persona a quien debían rescatar «no daban crédito».

Este recurso se utiliza para trabajos en zonas de difícil acceso «y no era el caso», zanja el investigador de la agencia. Hasta el lugar llegaron además una Unidad de Soporte Vital Básico y dos SAMU. Hubiera sido suficiente el SVB para atender a la paciente, según este análisis.

El hecho de que este tipo de conductas puedan ser «recurrentes» aparece en las conclusiones finales del dossier de Antifraude. Emergencias sigue en manos de Justicia, dirigida por Elisa Núñez. Pero todos los incidentes en el informe de Antifraude hacen referencia a la etapa del Botánico.

Respecto a este rescate privilegiado con helicóptero, las conversaciones entre los responsables de la emergencia rozan la incredulidad. Por ejemplo, con este diálogo:

–Hombre, yo cuando he visto ahí que se ha dislocado un pie me he quedado a cuadros... Ha dado con una roja que trata igual a todo el mundo, incluso mejor a los pobres que a los ricos.

–¿Pero está grave?

–Que no, que es una fractura de tobillo.

–La madre que la parió. ¿Un SAMU para un pie?

Antifraude comenzó su investigación tras una denuncia anónima, aunque este supuesto trato de favor ya había sido adelantado por Vox en una sesión en Les Corts. Buena parte de las informaciones que llegan a la Agencia lo hacen a través de esta vía que permite mantener oculto al denunciante. Un investigador de la agencia ha reunido desde entonces todos los informes sobre esta emergencia, así como las testificales que ha practicado. Entre ellas, la de la directora del Sasue.

Finalmente, al encontrar indicios de la comisión de un delito envió la causa a la Fiscalía de Valencia, que ha abierto una investigación. Fuentes judiciales comentaron la posibilidad de que se tratara de un delito de malversación por utilizar el patrimonio público para intereses particulares. Pero eso es una cuestión que el responsable debe determinar. Dispone de un plazo de seis meses para concluir sus pesquisas.