Antifraude avisa: si Transparencia incumple, desprotege a la ciudadanía

El avión con material sanitario comprado por el Consell que suma ya el número 19 aterrizó ayer por la tarde en el aeropuerto de Castellón. Sin embargo, a día de hoy, las facturas de todas las aeronaves anteriores, los materiales que transportaban, su coste y las empresas en las que han sido adquiridos los productos, o el coste de mediación, sigue siendo un misterio para los valencianos. La Generalitat recibió el pasado 24 de marzo sus primeras compras, pero el portal de transparencia aún no ha reflejado los detalles de ninguna de las facturas que el Consell valida cada semana en la reunión del pleno. La única cifra conocida la dio el pasado 24 de abril el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Les Corts, que cuantificó en algo más de 52 millones el coste asumido hasta ese momento. Pero el Ejecutivo autonómico sigue sin hacer públicos los datos económicos desglosados.

Y es que la Generalitat se ha acogido a la suspensión de plazos administrativos que trajo consigo la declaración del estado de alarma y no posibilita el acceso a la información de los contratos que se cierran a diario por procedimiento de emergencia o lo hace tarde y con cuentagotas. La inacción de la Conselleria de Transparencia, dirigida por Rosá Pérez, mantiene ocultos estos contratos. Una práctica sobre la que la Agencia Antifraude ya ha puesto sus ojos.

El director del órgano de control, Joan Llinares, alerta de que el decreto por el que se declaró el estado de alarma "suspendía los plazos administrativos, pero no los trámites". "La ley de Transparencia y la de Contratos del Sector Público no están suspendidas", aseguró ayer a preguntas de este diario. Y es que para Llinares, la situación ocasionada por la pandemia, no puede suponer un paso atrás en la rendición de cuentas, por lo que alerta de que la ley de Transparencia exige que la información de los contratos suscritos se suba a las plataformas de contratación y a los portales como GVA Oberta. "Es una obligación", asegura, y alerta de que, además, la transparencia es en este caso "un antídoto contra la corrupción, ya que las estructuras corruptas se mueven como pez en el agua" en estas situaciones. El director de la agencia reconoce el esfuerzo del Consell para poder abastecerse de material en unas circunstancias complejas y asegura tener confianza en que se está haciendo de una manera responsable. Sin embargo, considera que esa imagen de opacidad ahonda en la sospecha generalizada de que "no se enseña lo que está mal". Por eso, recuerda al Gobierno valenciano su obligación de cumplir su compromiso con la transparencia para no generar "incertidumbre". "Se está en condiciones de hacer las cosas bien. Estaríamos más tranquilos con datos porque la transparencia tranquiliza hasta para lo malo", explica. Llinares pone también el foco sobre el decreto del Consell de medidas extraordinarias de gestión económico-financiera en el que la Generalitat exime a los responsables de la comisión de compras en caso de que las adquisiciones resulten fraudulentas, el producto no llegue o se produzca un quebranto para la Administración. "La cláusula es irrelevante, porque el Código penal y la ley de Hacienda no se pueden derogar. No existe la inmunidad", explica.

Por otra parte, ayer también se hizo público un documento de la organización Transparencia Internacional en el que se justifica que la suspensión de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública durante la pandemia se produce para garantizar "la protección de los ciudadanos". Un extremo con e que Llinares discrepa. "No es coherente con su tradición histórica. Si se falla en la transparencia, se resta confianza a la ciudadanía, se la desprotege".

En este sentido, el catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consell de Transparencia, Carlos Flores, ahonda en la misma línea, tras la falta de información de los contratos públicos de la Generalitat. "La urgencia no justifica en ningún caso la opacidad". "Si el problema es que no tienen medios para llevar a cabo el proceso, que lo digan, pero ni el estado de alarma ni la urgencia pueden justificar que no se dé publicidad a la información sostiene".

Y es que según Flores, si con la declaración del estado de alarma se incrementa el poder del gobierno, también se deben aumentar los controles. "La Constitución dice que los estados excepcionales no alteran el principio de responsabilidad política" y asegura que cuando el Estado quiere proteger a sus ciudadanos es siempre en su beneficio, no en perjuicio, por lo que no facilitar la información, como sostiene Transparencia, no genera ninguna protección. "El Consell debe fomentar la cultura de la transparencia".