Los casos judiciales y la infrafinanciación caldean el debate parlamentario

Comienza a sonar el reloj electoral. Cuenta atrás. LAS PROVINCIAS ha reunido este lunes a las síndicas de los partidos con representación en Les Corts: Ana Barceló (PSPV), Ruth Merino (Ciudadanos), Papi Robles (Compromís), Ana Vega (Vox) y Pilar Lima (Unides Podem). Por parte del PP, su síndica María José Catalá estaba convocada a una ejecutiva nacional en Génova, y fue sustituida por la portavoz adjunta Elena Bastidas. En el debate moderado por Marta Hortelano, las síndicas han analizado el escenario político valenciano a un año para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.

El bloque de la derecha advirtió de la inminente llegada de un nuevo ciclo político e hizo un balance crítico en relación a la falta de soluciones ante la infrafinanciación, la red ferroviaria, la crisis hídrica, la subida de impuestos y los conflictos internos en el tripartito. En la izquierda destacaron la pervivencia de los servicios públicos ante la crisis generada por la pandemia y la estabilidad de un Consell de coalición que mejoró la situación de la Comunitat que se encontró el tripartito cuando se puso al mando de la Generalitat.

El inicio del tramo final de la legislatura y el empate técnico entre bloques que desvela la encuesta de LAS PROVINCIAS deparó momentos de intenso debate, especialmente en los enfrentamientos del PSPV con Vox y PP, que también incidieron en las deficiencias de la gestión de Compromís. Podemos y Ciudadanos, por su parte, indicaron que un repunte del bipartidismo, tanto a nivel nacional como autonómico, impide desatascar los problemas de la Comunitat. El debate se prolongó durante algo más de hora y media.

Los puntos de fricción surgieron inicialmente a la hora de analizar la estabilidad de los gobiernos de coalición. Barceló comparó la pervivencia del tripartito valenciano y sus siete presupuestos aprobados desde 2015 frente a otros ejecutivos autonómicos (Murcia, Madrid y Castilla y León), y eso propició un cruce de acusaciones sobre por qué se adelantaron esas elecciones (las maniobras de los socialistas para intentar sacar al PP de las presidencias autonómicas) y lo que supone la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos.

Los últimos cambios en el Consell provocaron también serias discrepancias. La derecha los considera una constatación del agotamiento del tripartito y la necesidad de impulsar operaciones de marketing. Lima, por su parte, se puso de perfil y señaló que la renovación de cargos corresponde a PSPV y Compromís porque ellos están «centrados en gobernar», mientras que socialistas y nacionalistas entienden que las dinámicas del Consell son buenas como demuestra la llegada de la gigafactoria de Volkswagen.

La diferente percepción de las causas de los cambios en el Ejecutivo entronca con la manera, opuesta, de interpretar los datos de la encuesta de LAS PROVINCIAS. Para populares y voxistas, es inminente un cambio de signo político al frente de la Generalitat. Desde el tripartito, sin embargo, entienden que cuentan con el respaldo para reeditar, por tercera vez, un gobierno de coalición para la Comunitat, poniendo el acento en el fortalecimiento de los servicios públicos. Merino, de Ciudadanos, se desligó de los bloques entre izquierda y derecha para apuntar más hacia la necesidad de evitar «extremismos» y un repunte del bipartidismo. «Hay un centro liberal que evita los extremos y es útil», indicó Merino en relación a su partido.

La financiación de la Comunitat, en realidad, la falta de esa financiación, protagonizó también un intercambio de opiniones al margen de los turnos de palabra. Tanto Podemos como Ciudadanos han señalado a populares y socialistas como los responsables de que el problema no se haya resuelto. Robles quiso poner en valor el trabajo de su coalición en el Congreso. Ante las críticas de los populares por el modo en que el diputado Joan Baldoví permite que el Gobierno no aborde la infrafinanciación, la síndica de Compromís retó al PP a que sus 33 diputados aporten más que Baldoví. Bastidas afirmó que la llegada de Feijóo garantiza que el problema sea abordado con una óptica propia de alguien que ha gobernado una autonomía.

Barceló puso en duda que la llegada del gallego al liderazgo del PP sea beneficioso para los intereses de la Comunitat en un debate que, según la síndica del PSPV, ha cobrado protagonismo gracias a la insistencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La síndica de Vox, por su parte, lamentó que los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo y lo atribuye al «fracaso del sistema autonómico».

El tercer momento de tensión ha sido a cuenta de la corrupción. Socialistas, nacionalistas y podemistas han destacado la creación de instituciones que han servido como filtros para que no se repitan casos como los protagonizados por el PP, ante lo que Bastidas ha replicado con que, hoy mismo, el el hermano del presidente de la Generalitat comparece en los juzgado a cuenta de las irregularidades protagonizadas por empresas vinculadas a Francis Puig a la hora de recibir ayudas públicas. Igualmente, la portavoz popular ha considerado que la gestión de la conselleria de Oltra en el caso de los abusos sexuales a una menor del exmarido de la vicepresidenta es también un modo de corrupción. Barceló ha negado relación alguna entre lo investigado en los juzgados, en referencia a Francis Puig, con la gestión de la Generalitat. Lima ha recordado a los populares la aparición de casos como el de Azud y la existencia de situaciones nuevas como «lo de Ayuso». Robles ha asegurado que las iniciativas judiciales de la derecha buscan «decir que todos somos iguales, y no es así. Nuestros cargos salen absueltos, tenemos las manos limpias, y son para gestionar, y no es lo mismo las suyas». Vega, por su parte, ha recriminado a Barceló que niegue la existencia de irregularidades tras confirmar el Supremo dos sentencias por fraccionamiento y prevaricación contra el exalcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri.