El PP aporta al juzgado las normas «que acreditan que Oltra no cumplió los protocolos» en el caso de su exmarido

Catalá ha hecho pública una respuesta parlamentaria, a petición del PP; en la que la Conselleria de Oltra reconoce que existían dos instrucciones, una de 2004 y otra de 2013, en la que se establecía el protocolo de actuación en caso de tener conocimiento de un caso de abuso a un menor. Este asunto ya fue debatido en enero, cuando la vicepresidenta compareció en Les Corts y Catalá ya le acusó de mentir. Desde su conselleria alegan que aquellas normas de la Generalitat no especificaban la tipología de las agresiones que, efectivamente, se reflejan en las instrucciones pero no concretan que sean las relacionadas con abusos sexuales. En cualquier caso, entre esas «agresiones» a las que se referían los textos de la Generalitat se puede entender con un poco de sentido común que se incluían los abusos sexuales y, efectivamente, la Dirección Territorial no informó de ello en tiempo y forma a la Fiscalía.

La síndica popular ha afirmado que «la Conselleria de la vicepresidenta si que tenía una instrucción que obligaba a Igualdad a comunicar a la fiscalía de menores cualquier denuncia de abusos a una menor».

«Hoy podemos constatar que la vicepresidenta mintió porque existía dos instrucciones, además de la Ley del Menor, que obligaban a la Conselleria a comunicar a la fiscalía de menores cualquier denuncia de abusos a una menor», ha asegurado la síndica popular.

El reglamento por el que se regula la organización y funcionamiento de los centros de menores en la Comunitat, de enero de 2008, señala en su artículo 17: «La colaboración con el Ministerio Fiscal, como órgano al que le corresponde la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de menores, y con los órganos judiciales, se realizará por los centros de acogimiento residencial, a través de la Dirección Territorial de la que dependan. En casos puntuales y concretos que no admitan demora, el centro podrá contactar directamente con la Fiscalía de Menores y con los órganos judiciales. En cualquier caso el centro informará posteriormente, y a la mayor brevedad, a la Dirección Territorial de la que dependan, del contenido de la comunicación realizada». Preguntada por ello, Oltra subrayó que el reglamento no era lo suficientemente taxativo y que, por ello, se elaboró otro en 2020, cuando ella asegura que conoció los abusos por parte de su expareja.

Catalá ha asegurado que «en el caso de la menor abusada por el ex de la Vicepresidenta se sucedieron por parte de la conselleria una cadena de irresponsabilidades. En varias ocasiones, Oltra ha dicho en sede parlamentaria que cuando ella llego solo existía un corre electrónico remitido a los centros de menores que aconsejaba que una denuncia de estas características se remitiera a la fiscalía de menores».

«Con la documentación aportada por la Conselleria al PP queda claro que si que existían dos instrucciones que obligaban a la Conselleria a comunicar a la fiscalía la denuncia de un abuso a una menor tutelada, cosa que no se produjo», ha indicado Catalá, que subraya que «existían protocolos e instrucciones que estuvieron en vigor hasta la que se emitió en 2020. Esas instrucciones recogen negro sobre blanco la obligación de comunicar cualquier denuncia a la fiscalía de menores. Queda acreditado que en el momento en que la dirección territorial tuvo conocimiento de la denuncia no cumplió con su obligación y no lo comunicó a la dirección general ni a la fiscalía de menores».

La síndica considera que «se trata de una información muy relevante que tiene que conocer el juzgado que juzga como procedió la Conselleria en el momento en el que conoció el abuso en concreto y como fue su cadena de irresponsabilidades que se siguió en este supuesto». Catalá ha asegurado que «esta documentación acredita que la Vicepresidenta Oltra se saltó dos instrucciones y la Ley del Menor. Por tanto, es un pilar fundamental para argumentar como se resolvió el proceso en el momento en que la Conselleria y la vicepresidenta fueron conocedores del suceso, en el que se hizo una investigación paralela y no se comunicó a la fiscalía. Esto deja claro la irresponsabilidad y la mala praxis en este caso».