La hemorragia que sufre Ciudadanos y que ha derivado en una persistente fuga de cargos del partido a pesar del relevo en la dirección nacional ... se ha visto incrementada en los últimos días con la salida de varios dirigentes en la Comunitat. Un diputado provincial en Valencia, Juan Córdoba, y otros dos en Alicante, Javier Gutiérrez y Julia Parra, han comunicado su baja del partido a la vista, evidente, de los pactos alcanzados por la dirección que encabeza Mamen Peris con el tripartito valenciano.
La izquierda se ha lanzado con determinación a acusar al presidente de la Diputación de Alicante, y líder del PP valenciano, Carlos Mazón, de gobernar con tránsfugas, en alusión al acuerdo suscrito en su día por el PP con Cs para dirigir esa institución, y a que los representantes de la formación naranja siguen apoyando al dirigente popular tras haber abandonado su partido.
Pero lo de apoyarse en cargos elegidos por un partido y que acaban ingresando en el grupo de los no adscritos –que es lo que ha ocurrido con los dos exdiputados alicantinos de Cs- no es una práctica exclusiva del PP valenciano. El Botánico, el Gobierno que encabeza Ximo Puig, hizo exactamente eso mismo durante la primera legislatura de su Ejecutivo.
En concreto, en 2017, el Consell presidido por Ximo Puig logró salvar su proyecto de presupuestos de la Generalitat para el siguiente ejercicio gracias a cuatro diputados que, casualmente, también acababan de abandonar Ciudadanos.
En aquella ocasión, los cuatro tránsfugas de Ciudadanos votaron contra las enmiendas a la totalidad de la Ley de Acompañamiento (fundamental para los presupuestos del año próximo) debatidas en Les Corts y presentadas por el PP y por su exgrupo parlamentario, Cs. Con esta posición del cuarteto no adscrito se blindó definitivamente el Consell en aquel año.
Ni que decir tiene que aquel acuerdo para sostener los presupuestos de la Generalitat fue reconocido por la habilidad negociadora del entonces portavoz socialista, Manolo Mata. Que aquellos exdiputados de Cs decidieran sostener las cuentas del Ejecutivo autonómico, en contra de la posición de su partido, no mereció ningún reproche de transfuguismo por parte de la izquierda autonómica.
L'Esquerra de Crevillent
Compromís, la formación nacionalista siempre dispuesta a etiquetar al resto de partidos por comportamientos –bajo su criterio- poco éticos, tampoco puede enarbolar esa bandera de no pactar con cargos públicos que han sido elegidos por un partido que luego han abandonado. En Crevillent, la localidad natal de la vicepresidenta del Consell Aitana Mas, la formación nacionalista gobierna gracias a un acuerdo con el PSPV y L'Esquerra, la marca local de Esquerra Republicana del Pais Valencià (ERC).
En los últimos días ha trascendido un acuerdo para las próximas elecciones municipales, suscrito por Compromís, L'Esquerra y EU, por el que se presentarán en coalición a esos comicios. Un acuerdo rechazado por la dirección de L'Esquerra, que acaba de comunicar la expulsión del partido de Josep Candela, representante de esta formación y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Crevillent.
Expulsado del partido sí, pero que se mantiene al frente de sus responsabilidades en el Gobierno local. Circunstancia que le convierte en un tránsfuga en la definición que alude a aquel cargo público que se presenta a unas elecciones con una formación política y que posteriomente la abandona sin dejar su escaño o su acta de concejal.
El transfuguismo se convierte así en práctica de ida y vuelta, porque es la misma izquierda que se echa las manos a la cabeza la que no duda en aprovecharlo cuando le interesa. Si los no adscritos son siempre tránsfugas, el término vale para todos los casos, no sólo cuando interesa.
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