El TSJ archiva la querella a Oltra por las acusaciones al educador de Segorbe

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha archivado la querella que en su día interpuso el educador de Segorbe que fue acusado de abusos desde la tribuna de Les Corts y posteriormente absuelto por la Justicia. El profesional se querelló por denuncia falsa y por injurias y calumnias contra la vicepresidenta Mónica Oltra. En un auto de la Sala de lo Civil y Penal, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se decreta el archivo siguiendo el criterio del fiscal.

Los magistrados entienden, por un lado, que no se puede hablar de denuncia falsa cuando sí existió un procedimiento penal que impulsó la propia fiscalía independientemente de que el desenlace fuera absolutorio. Pero esto evidencia, según la resolución, que sí había suficientes indicios para llevar un asunto de esta naturaleza a juicio. Por este motivo no se aprecia que la vicepresidenta Oltra hiciera estas manifestaciones "con conocimiento de su falsedad o con un temerario desprecio de la verdad". Recuerda, además, las obligaciones de las autoridades de denunciar aquellos hechos que puedan revestir caracteres de delito.

La Sala analiza también el otro de los supuestos, las injurias y calumnias. Los hechos motivo de la querella se produjeron en mayo de 2017. La acción judicial por parte del perjudicado se emprende en enero de 2020. Han transcurrido cerca de dos años y medio desde la comparecencia de la vicepresidenta. Pero si se toma como referencia la sentencia de absolución, mayo de 2018, los hechos también han prescrito. El educador disponía de un año desde que se producen las declaraciones para presentar la correspondiente querella. Lo rebasó con creces. Descartan los magistrados que pudiera aplicarse el plazo de prescripción de la denuncia falsa en vez de las calumnias porque no se dan los requisitos del primer ilícito.

La vía penal contra Oltra se cierra definitivamente para el educador de menores. Pero existe otra posibilidad, quizá con más expectativa de éxito, en la reclamación contencioso administrativa. El docente quiere que la Generalitat le indemnice por los daños morales causados con todo este procedimiento y el dinero que ha dejado de ganar al perder su trabajo. Las instalaciones se cerraron en una decisión de Oltra que la Justicia calificó como "una grave infracción del ordenamiento".