Archivada la investigación a Blasco por el amaño del sistema de gestión de Sanidad

Rafael Blasco, el que fuera siete veces conseller de la Generalitat, tiene un problema menos del que preocuparse en su horizonte judicial. El juez ha archivado la investigación abierta por el amaño de diferentes contratos durante su breve etapa, apenas un año, como máximo responsable de Generalitat. El resto de investigados, entre los que destacan otros altos cargos de la Conselleria como la secretaria Tina Sanjuán o Marc Llinares, también han sido exculpados al igual que el empresario de cabecera de Blasco, Augusto César Tauroni. Tras cuatro años de investigación judicial, no se dan los indicios suficientes para continuar con la instrucción, según el escrito que ha presentado Anticorrupción.

La causa arrancó con la adjudicación al empresario del plan de choque del Abucasis, una aplicación informática que gestiona las citas y la base de datos de los expedientes médicos de los pacientes. El importe de aquel contrato fue de dos millones de euros, pero se llegó a ampliar hasta los 3,5. El servicio fue a parar a empresas de la órbita de Tauroni que eran subcontratadas por parte de las mercantiles adjudicatarias. Aparte, el ministerio público sospechaba de graves irregularidades en el sistema del banco de biomuestras del Centro Superior de Investigaciones en Salud Pública, en el portal de farmacoepidemiología del CSISP y en otra aplicación para localizar información de nutrición.

El magistrado, tras el informe del fiscal, considera que no se puede hablar de «la ausencia absoluta» de un procedimiento administrativo, es decir, que el proceso no se decidió «por la voluntad prepotente» de los responsables. Al existir esa vía administrativa, el debate se traslada a la esfera de la «suficiencia o legalidad» del expediente, pero se descartan «resoluciones absolutamente ilegales». A esto se añade el informe de la Intervención de la Generalitat que concluye en la «insuficiencia» de elementos de prueba para concluir que los pactos entre Dinamiz-e (firma de Tauroni) y el resto de adjudicatarias «pudieran encubrir un negocio fraudulento». De hecho, existe una facturación real entre las sociedades. Destaca, además, que en esa época (2006-2007) no se disponía de los «mecanismos de control actuales para probar que esos trabajos subcontratados fueran ficticios. Todas estas circunstancias debilitan la acusación por un delito de tráfico de influencias. El auto añade también que los investigados pueden dar una explicación alternativa, suficientemente argumentada, a la actuación presuntamente irregular.

Rafael Blasco y Augusto César Tauroni ya sólo tienen pendiente las piezas 2 y 3 del caso Cooperación. Los principales acusados han llegado a un principio de acuerdo con la Fiscalía para devolver el dinero y beneficiarse de una rebaja de pena. La coordinadora de las ONG's se ha opuesto a la conformidad y amenaza con celebrar el juicio, señalado para mediados de 2019.