El archivo del caso Oltra cuestiona la acusación fiscal que la abocó a dimitir

El 9 de junio de 2022, la Fiscalía atribuyó a Mónica Oltra en su informe un plan para exculpar a su exmarido de los abusos sexuales a una menor. El ministerio público imputó a la consellera la posible comisión de tres delitos: prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Demoledor. Este pasado martes, el juez dictaminó: «No hay ningún indicio de delito».

El informe de la Fiscalía dejó sin argumentos legales a Oltra a las puertas del verano de 2022. Durante años, la exvicepresidenta había lidiado como portavoz del Consell con diversos casos de presunta corrupción en el Botánico. Imputados como Trenzano eran disculpados y defendidos por Oltra recordando que los procesos judiciales que se seguían contra ellos (luego archivados) no contaban con el respaldo, la opinión favorable a ser acusados, del ministerio público. La exvicepresidenta y su equipo tenían la esperanza de que todo el globo judicial contra ella se pinchase con un informe negativo de la Fiscalía. Ocurrió justo lo contrario.

Desde el ministerio público se le reprochó entonces una «nula voluntad» de esclarecer los abusos y la fiscal observó un plan de Oltra para desacreditar a la menor. La vicepresidenta no duró ni dos semanas en el puesto después de aquel informe.

El que era presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió a Compromís que se tomaran decisiones. Y se tomaron contra la voluntad de Oltra, que el 21 de junio de 2022 anunció su dimisión: «Este país tiene un problema cuando absuelve a corruptos y M. Rajoy no es un indicio. Me cuesta esta decisión porque ganan los malos. Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar les habrán fulminado a ustedes también». La entonces vicepresidenta también achacó su salida a las presiones mediáticas, empresariales, judiciales y del PSPV, así como de la derecha. No obstante, las arremetidas de la oposición las daba por descontadas. 

Lunes 27 de septiembre de 2021. La entonces nueva síndica del PP, María José Catalá, se estrenó en el cargo en un debate de política general en Les Corts donde reclamó la dimisión de Oltra y puso el foco especialmente en la que era vicepresidenta del Consell. No se dejó ni un tiro por pegar la actual alcaldesa de Valencia. Catalá reprochó a Puig que mantuviera a Oltra en el cargo mientras la situación judicial iba empeorando. La entonces vicepresidenta no se sorprendió. Sabía que el juego político era el que era y que los populares no iban a desaprovechar la escalada judicial.

Lo que desmontó su blindaje fue que la escalada judicial se asumió por parte de sus socios socialistas en el Consell, así como por sus propios compañeros de la cúpula dirigente de Compromís. Oltra aguantó en la Generalitat hasta que el informe de la Fiscalía que impulsó su imputación se manejó en tales términos que eliminó su escudo político.

Preguntada por el caso y por las denuncias de 'lawfare' de la izquierda, Gisbert señaló el pasado 15 de febrero que «no quiero hablar» de ese asunto. Durante una entrevista en À Punt negó «una conspiración» en el caso de Oltra y, en general, frente a las acusaciones de una «era del 'lawfare'. Gisbert señaló su preocupación por la «desconfianza en la justicia que yo no creo que sea merecida».

El 7 de marzo se anunció la propuesta para el ascenso de Gisbert. El fiscal general del Estado la eligió para el Supremo como máxima responsable de menores de toda la Fiscalía pese a no contar con el respaldo del Consejo Fiscal.

En Compromís, los más próximos a Oltra no olvidan. El exsenador Carles Mulet colgó ayer en redes sociales una foto de Teresa Gisbert boca abajo. «El archivo cuestiona, o revierte, el planteamiento de la fiscal. Porque ella decía que hay indicios y ahora se indica lo contrario. Pero la verdad es que los indicios no están en la instrucción de ese caso sino que se supone que se incluyen en la sentencia condenatoria del ex marido, que es la clave de bóveda, porque arremete contra la conselleria sin más. Parece que la consellería lo hizo todo muy mal y la Fiscalía, con lo que dice esa sentencia y lo que alegan los querellantes, se siente obligada a impulsar la investigación», explica una abogada personada en varios de los más importantes casos de corrupción juzgados en la Comunitat durante los últimos años. «Lo que hace el juez, tirando de todos los hilos, es desmontar lo que en principio parecía, y no es un problema simplemente de la Fiscalía, sino también de la sentencia condenatoria contra el exmarido», aclara en relación a un caso respecto al cual el juez rechazó inicialmente abrir causa judicial.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia obligó a Ríos a retomar la instrucción a finales de 2021. Un enorme giro de guion. Fue uno de los primeros, pero desde luego que no fue el último.

Desde Compromís se reprocha a Gisbert que fundamentara en junio de 2022 su petición de imputación de Oltra en «indicios plurales» sin concretar demasiado, mientras que algunas voces del ámbito jurídico critican de manera generalizada la tendencia a una instrucción prospectiva, es decir, investigar 'por si suena la flauta'. La defensa de Oltra denunció en sus alegaciones ante el juez presentadas hace ahora un año ese carácter prospectivo de la investigación, algo prohibido en el ordenamiento jurídico. La flauta, finalmente, no ha sonado.