Los arquitectos del Cabanyal tratan de justificar ante el juez el sobrecoste de 1,7 millones en el instituto

Los arquitectos investigados en los sobrecostes del instituto del Cabanyal acudieron ayer a declarar ante el titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga estas irregularidades en una pieza separada del caso Imelsa. Todos los profesionales trataron de justificar los sobrecostes en la actuación y criticaron la pericial de la Intervención de la Generalitat que alerta de gastos sospechosos de alrededor de 1,7 millones de euros. No obstante, admitieron que la aprobación de los modificados no se hacía siguiendo la Ley. Fuentes judiciales indicaron que la obra disparó su factura por las mejoras –no necesidades– que añadieron al proyecto inicial. Sin embargo, el procedimiento que se siguió fue extraño porque se aprobaba una vez la actuación estaba ya ejecutada, según indicaron fuentes conocedoras de la declaración.

La empresa encargada de la actuación fue BM3 Obras y Servicios. Una de las sospechas que comparten Anticorrupción y la Guardia Civil es que las adjudicatarias pagaban comisiones y luego se les compensaba con modificados innecesarios o autorizados al margen de la ley. Esta es la tesis que se trata de demostrar durante la instrucción, que se prolonga ya más de tres años. Este mes está previsto que declaren en el juzgado buena parte de los arquitectos y responsables de las empresas que participaron en las cinco obras bajo sospecha, entre ellas actuaciones educativas en Xirivella, Burriana y el Cabanyal.

La causa de Ciegsa es una de las investigaciones más retrasadas de todas las derivadas de la macrocausa de Imelsa. El expresidente de la Diputación Alfonso Rus y el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla figuran entre los principales investigados en esta pieza separada. Precisamente, los problemas del exdirigente popular y exalcalde de Xátiva, presente en la mayoría de las piezas del caso, pueden aumentar en las próximas semanas. El juzgado de Instrucción 9 de Valencia derivó el amaño de un taller de empleo adjudicado por Imelsa al juzgado de Instrucción 18, el encargado de tramitar la macrocausa de corrupción. Pero Rus ha recurrido. El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, defiende la acumulación a la causa general porque, según su recurso, se analiza una «estructura criminal» creada por Rus pero que no únicamente se desarrolló durante su presidencia sino a través de «personas de su confianza directa» como José Díez o Fernando Giner. La decisión está en manos del juez.