A. RALLO
Valencia
Miércoles, 6 de junio 2018, 16:37
Ricardo Costa compareció ante los dos fiscales Anticorrupción de Valencia para implicar a prácticamente toda la cúpula del Gobierno de Francisco Camps en la financiación ilegal del Partido Popular. Con pocos detalles y sin apenas concreción ha logrado extender la sospecha a buena parte de los que eran compañeros del partido. Su confesión en la fiscalía de Valencia se produjo el pasado 21 de marzo. Resulta interesante un episodio que, según él, vivió en el despacho del vicepresidente del Gobierno, Víctor Campos.
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El encuentro se celebró en 2006. «Mientras estemos en el Gobierno no faltará dinero para el partido», le dijo Campos a Costa, siempre según la versión de este último. A continuación, sacó una llave con la que abrió un «armario o cajón» -no precisa a qué mueble se refiere- y allí había una serie de sobres que supuestamente contenían algo. El que fuera secretario regional del PP admitió que no lo comprobó, pero que Campos sí le informó de que las cantidades procedían de las «aportaciones de empresarios». En su día, Campos reconoció lo de los sobres pero aclaró que eran de donaciones de simpatizantes del partido, cifras nada relevantes.
Por aquel entonces, según el relato de Ricardo Costa ante Anticorrupción, Campos no se encontraba muy bien de salud. «Quiero que si me pasa algo, sepas donde está el dinero para el partido», le advirtió supuestamente durante el episodio del cajón.
La declaración del ahora arrepentido, no obstante, recoge que Campos no parecía estar cómodo en aquella situación y que, al parecer, sólo cumplía órdenes de Francisco Camps y Juan Cotino, en aquel entonces conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación. «Era un encargo», resumió. Tampoco profundizó en los detalles de este sistema delictivo. Sólo indicó que existía una correlación entre «aportaciones y adjudicaciones». Deslizó otro apunte más, aparte de mencionar a Ciegsa en su declaración -pero no aclaró suficientemente su papel-, para señalar que el vicepresidente «también estaba muy encima de García Antón cuando este estaba en Infraestructuras».
Las declaraciones de Costa se han incluido en la pieza más reciente de la F-1 en Valencia, la que analiza el supuesto amaño del diseño del trazado a favor de dos ingenierías. Respecto a este apartado, lo más relevante son los 150.000 euros que le dio el consejero delegado de FCC, José Mayor Oreja, hermano del ministro de Interior en la época de Aznar. «Sacó un fajo de billetes de 500 euros del bolsillo y me dijo que era para las elecciones de 2008».
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El empresario, que ya fue apartado de esta compañía hace años por aparecer vinculado a otro asunto de corrupción, le indicó que venía a Valencia por el tema de la F-1. Deja este mensaje, en realidad toda la declaración, cierta ambigüedad sobre los hechos.
Costa asegura que el dinero se lo dio a David Serra y es «el único efectivo que él ha visto». Concluye que fue conocedor de que determinados gastos de la campaña donde intervino Mariano Rajoy fueron pagados por el PP regional. En teoría, declaró que Oreja iba a reunirse con el vicesecretario de organización David Serra pero, sin embargo, terminó manteniendo el encuentro con él.
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La implicación de Camps, de entrada, sería a través de una única conversación que sostiene que mantuvo con él tras reunirse con la trama Gürtel. El bigotes les exigía cobrar por los actos. El declarante aseguró que les envió entonces con Vicente Rambla que entonces, según Campos, era el que desempeñaba «las funciones de recaudación».
Posteriormente, el máximo responsable del partido llamó a Francisco Camps para supuestamente comunicarle que él no estaba dispuesto a participar en aquel plan para costear la campaña electoral. «Me han dicho que es la única forma de hacerlo», asegura que le respondió el entonces presidente.
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Estas incriminaciones de Ricardo Costa han sido la base sobre la que el fiscal Anticorrupción ha pedido la declaración como investigado de David Serra y del propio Vicente Rambla pese a que el testimonio contra ellos no tiene el detalle que sí presenta, en apariencia, el de Víctor Campos. Lo más probable es que el exvicepresidente también tenga que acudir al juzgado. En la actualidad se encuentra investigado en la pieza en la que se analiza los contratos de la Fundación V Encuentro para la visita del Papa a Valencia en 2006. Pero las pesquisas no han hecho más que comenzar. La Udef prepara un informe sobre el volcado de los ordenadores y, en especial, sobre los correos electrónicos.
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