El Arzobispado presenta un informe a la jueza que sostiene que la Fundación V Encuentro es privada

El Arzobispado ha presentado un informe en la causa que investiga los contratos de la visita del Papa a Valencia que sostiene la naturaleza privada de la Fundación V Encuentro, el órgano desde el que se contrataron todos los proveedores del evento religioso. El dosier ha sido elaborado por el profesor de la Universidad de Alcalá Jorge García Andrade, que ha sido citado a declarar tras proponerlo Antonio Corbí, ex secretario del Arzobispado y ahora párroco de San Nicolás que también se encuentra investigado en esta causa judicial que deriva del caso Gurtel.

El trabajo del profesor de Derecho, que ha adelantado el diario El Mundo y ha confirmado este periódico, aborda una de las cuestiones sobre las que algunos letrados pueden articular su defensa. Si la fundación fuera privada, tal y como mantiene el citado experto, no tendría la obligación e someterse a las leyes de contratación del sector público por lo que no existirían los delitos por los que acusa la Fiscalía. La entidad recibió la inmensa mayoría de las aportaciones económicas de la administración. Esta discusión jurídica se ha planteado ya en otros asuntos de corrupción, como por ejemplo la naturaleza de Feria de Valencia (las diligencias se archivaron en Fiscalía) o se debate actualmente con Fundación Turismo Valencia, envuelta en la financiación ilegal del PP y dependiente hasta hace unos años del Ayuntamiento de Valencia. El docente ha sido citado a declarar este mes.

En cambio, las declaraciones de todos los investigados, entre los que se encuentran Francisco Camps, Víctor Campos o Juan Cotino al margen del obispo auxiliar Esteban Escudero y el exsecretario Corbí han sido aplazadas sine die. El motivo de la suspensión es que la juez ha ordenado a la Generalitat que remita documentación relacionada con las contrataciones para la visita del Papa, en concreto, las actas de las reuniones que se celebraron para impulsar la organización de los actos religiosos. Se trata de unos expedientes que han sido reclamados por las partes. Las defensas no quieren que sus clientes sean interrogados sin consultar la información que contienen esos documentos.