El asesor del cabecilla de Azud solicita a la juez que desbloquee su plan de pensiones ante su asfixia económica

El investigado ha reclamado que le permitan cobrar un plan de pensiones por valor de 43.000 euros. El caso Azud suma ya varios años de instrucción lo que ha desembocado en la «precaria situación» económica de Vera. El bloqueo general le impide hacerse cargo «de gastos normales e imprescindibles de su vida cotidiana, tanto a nivel personal como familiar», según recoge un escrito que ha presentado en el juzgado.

La defensa de Vera considera que esta medida, el alzamiento, no compromete el eventual pago de una responsabilidad civil porque el juzgado aún cuenta con una vivienda en Valencia y otra en Dos Aguas aparte de dos vehículos. La solicitud se realiza -insiste- por una cuestión de «urgencia y necesidad económica». Así, el abogado recuerda cómo si finalmente el juzgado accede a su petición, debería pagar el 30% a Hacienda por no respetar el plazo pactado. Una penalización que no tendría en caso de agotar el compromiso pactado.

El escrito recoge cómo tras conocerse su imputación en el caso Azud, fue despedido de la empresa pública Divalterra donde ejercía labores de responsable jurídico. Además, esta salida apenas le reportó una compensación económica. Sólo se le pagaron siete días por año trabajado frente a los 20 que recibieron otros altos directivos despedidos como los que fueron acusados -y finalmente absueltos- en el conocido como caso Alquería, según lamentó.

Ahora Vera vive del paro, una prestación de 958 euros que se termina el próximo mes de abril. De ahí la necesidad de que se liberen los fondos del plan de pensiones. Hasta la fecha ha tenido que recurrir a familiares y amigos para cubrir alguno de los gastos más básicos de su vida diaria.

El representado cuenta con 65 años de edad y el «desprestigio» por su implicación en esta causa y la difusión en los medios de comunicación de las novedades hace prácticamente imposible que pueda encontrar un nuevo trabajo. Y a eso se le suman además otros problemas como por ejemplo que no pueda jubilarse aún al no tener los 35 años cotizados. Al parecer, el tiempo que Vera estuvo trabajando como magistrado suplente en la propia Audiencia de Valencia no se le computó en la Seguridad Social.

Vera fue asesor de máxima confianza de Jaime Febrer, el empresario al que los investigadores sitúan en la cúspide de la trama. Otra circunstancia que incide en su petición es que la causa, que arrancó en 2017 bajo secreto de sumario, aún tiene al menos cinco piezas bajo esta medida excepcional. No se prevé, por tanto, un final ni inminente ni en el corto plazo. Argumento que utiliza Vera para que su propuesta tenga más solidez.

Del mismo modo, insiste en la falta de indicios contra él. «Sus cuentas bancarias, su tributación y movimientos de ingresos y gastos no despiertan sospechas», según se desprende de un informe de la propia UCO. El letrado subraya que en el caso de Vera no existen disposiciones en metálico que pudieran levantar sospechas como tampoco se detecta ninguna clase de incremento patrimonial no justificado.