Un asesor del PP demanda al Ayuntamiento de Valencia por la paralización de las licencias para pisos turísticos

Esa es la actividad pública del joven letrado. Pero, como abogado particular -anunció recientemente la apertura de un despacho boutique- representa a clientes que mantienen importantes desencuentros con la política municipal de los populares, dirigida, en este caso, por la alcaldesa María José Catalá. Las relaciones entre estos dos grupos de poder en el PP valenciano, por otra parte, no resultan idílicas.

Soriano es la persona de contacto de algunos inversores, nacionales y extranjeros, que han visto cómo sus expectativas se frustraban ante la paralización de nuevas licencias de apartamentos turísticos, una práctica en auge y que incide, según determinados expertos, en otros fenómenos como el aumento de los pisos de alquiler o la expulsión de los vecinos de las zonas turísticas.

El demandante es un inversor extranjero que dispone de varios inmuebles con este objetivo en la ciudad de Valencia. El expediente ya está en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Valencia. El afectado reclama la anulación del acuerdo de suspensión de licencias y que se reconozca su derecho a obtener las correspondientes autorizaciones para ejercer esta actividad turística.

El letrado plantea en su demanda que el Ayuntamiento ha adoptado una medida basada en el interés general sin que exista una evidente relación entre los pisos turísticos y determinados «problemas de saturación urbana». Es decir, que «los informes y estudios previos no proporcionan datos cuantitativos que respalden esta medida, y las generalizaciones utilizadas carecen de un sustento empírico sólido».

El demandante entiende, por ejemplo, que el aumento del precio del alquiler responde a múltiples factores, imposible de acotar únicamente al de la proliferación de los pisos de alquiler.

De igual modo, se plantea en qué estudios se basa el Ayuntamiento de Valencia para sostener que el incremento de apartamentos incide en la desaparición del comercio tradicional. «El problema del comercio local de proximidad es previo a los apartamentos turísticos. De nuevo, al parecer, se trata de señalar los nuevos usos turísticos como »un chivo expiatorio«.

Es más, la reflexión que el letrado expone en su demanda va incluso más lejos en este sentido al cuestionar la ordenanza del Ayuntamiento. «Si existe algún ámbito en el que puede existir cierta disminución de los locales comerciales puede ser en Ciutat Vella y en el Cabanyal. Sin embargo, como venimos repitiendo, estos ámbitos quedan fuera del acuerdo de suspensión de licencias al tener su propia normativa». Y todavía ofrece un apunte más: «¿En qué medida barrios como Patraix, Algirós o Zaidia, por poner algunos ejemplos, se está produciendo una sustitución de bajos comerciales ocupados por usos de esta naturaleza».

Incide, por ejemplo, en por qué para explicar el riesgo del comercio tradicional no se pone el foco en los establecimientos de comida rápida. «Hay una superficie muy grande de bajos comerciales en Valencia que se encuentran cerrados y sin ningún uso posible», subraya.

Del mismo modo, el asesor de los populares no entiende en qué medida los bajos turísticos «pueden provocar este incremento de precios del uso residencial, cuando se implantan sobre usos que tradicionalmente no han sido residenciales y, por tanto, no reducen su oferta».