La asesora de Dalmau sigue trabajando pese a anunciar su marcha

María Oliver, la asesora del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, continúa trabajando pese a que hace una semana anunció que abandonaba su responsabilidad para centrarse por completo en demostrar su inocencia en el caso del mapa escolar por el que ha sido procesada. El juez apreció indicios delictivos en la actuación de la exedil y del docente de la Universitat de Valencia, José Manuel Rodríguez, que se encargó del estudio educativo.

Sin embargo, el anuncio de Oliver no se ha materializado. Fuentes del departamento justificaron ayer este aplazamiento en que una persona no puede marcharse de un día para otro y abandonar los proyectos que lleva en marcha. Por eso fue una decisión «de equipo» que la exconcejal de Podemos en el Ayuntamiento y excandidata a la Alcaldía se mantuviera unos días, posiblemente se conviertan en semanas, mientras cierra los asuntos en los que estaba trabajando, tal y como informó Valenciaplaza.

Desde la conselleria se quiso restar importancia a esta circunstancia y aseguraron que bajo ningún concepto Oliver seguirá más allá del 30 de noviembre. La asesora, de esta forma, cobrará su última nómina completa. De igual modo, rechazaron que Oliver se hubiera 'atrincherado' en su puesto y se negara a marcharse.

LAS PROVINCIAS no ha podido confirmar de quién partió la idea de que Oliver anunciara su marcha. Si fue una iniciativa de la asesora o fue obligada por sus responsables a presentar su renuncia. En cualquier caso, según informaron desde el departamento, los estatutos de Podemos prohíben que una persona siga en su puesto una vez se ha rebasado ese estadio de la investigación.

La resolución del juzgado relaciona por primera vez personas y conductas irregulares y supone el cierre de la investigación. Ahora será la Fiscalía la que presente su escrito de calificación, solicite nuevas diligencias o por el contrario pida el archivo de las actuaciones si considera que no son constitutivas de delito.

Durante el procedimiento, el ministerio público ya presentó un escrito en el que pedía el procesamiento de María Oliver por los delitos de prevaricación y malversación. El auto del instructor no apunta los ilícitos que encajarían en su relato de hechos. El caso partió de una denuncia del asesor del PP Luis Salom. El Partido Popular ejerce la acusación popular.

El convenio del mapa escolar está trufado de irregularidades, siempre según el criterio del juez. Las incidencias se inician ya en el mismo arranque del convenio. No existió un encargo del Consejo Escolar para hacer el mapa sino que era la propia entidad la que debía hacerlo. Pese a esto se buscó el acuerdo con la Universitat, según el auto.

En cualquier caso, además, el instructor apunta a que el Ayuntamiento carecía de las competencias en educación para impulsar este trabajo. El Consistorio dispone de atribuciones muy limitadas en este área. Tal y como en su día advirtió el Interventor, «no se hizo una convocatoria pública» sin las justificaciones necesarias.

Hay un detalle que une a todos los implicados en esta historia: «su pertenencia a un mismo partido político». La asesora de Oliver Mireya Royo, también de Podemos, mantuvo «contactos directos» para este encargo con el docente, que fue miembro de la dirección del partido en la Comunitat. «Se aprecia una cierta premura en convenir», señala el juez. Royo fue jefa de servicio de Educación, fichada tras el desembarco de Oliver en el Ayuntamiento.

La responsable ha seguido trabajando en la Coporación, en la misma concejalía de Educación, pero esta vez a las órdenes del PSPV. Royo ha estado varios meses en su puesto pese al cambio de Gobierno. El avance judicial sobre el convenio con la Universitat precipitó su cese. La concejal informó de que buscaba ahora a otro perfil para el puesto porque tenían nuevos objetivos en la concejalía.

La investigación del mapa escolar también ha permitido concluir el escaso «grado de concreción» de la memoria económica, requisito que exige la Intervención y que no estaba en el inicio del proceso. Lo más llamativo, sin duda, es cómo el docente gastó los fondos públicos. Ahí aparece toda la irregular operativa de la justificación de los gastos ante el Ayuntamiento de Valencia. Por un lado, las horas en teoría facturadas por los profesores como dedicadas al trabajo pero que, en realidad, no percibían remuneración económica.

Sin embargo, estos fondos transferidos como pago de las horas se utilizaban para otras adquisiciones. Un informe de la Intervención del Ayuntamiento de Valencia ya dictaminó que ciertos gastos no eran subvencionables. Entre ellos, tal y como adelantó en su día LAS PROVINCIAS, figuran una cámara de fotos Panasonic, un ordenador portátil, otra cámara fotográfica JVC, una mesa de juntas de cristal, una grabadora y un iPad con su funda y teclado.

Pero existen, además, otros pagos al margen de los anteriores artículos, censurados por los expertos del Consistorio, existen otra serie de cargos a la cuenta de la subvención que no estarían totalmente acreditados de acuerdo al objeto del estudio. Entre ellos, gastos en restaurantes, congresos y pago de dietas como, por ejemplo, las de un viaje a París.