Dos asesores de Febrer dudan de los trabajos de Vera para el holding

Los dos imputados, el asesor y el auditor, no tardaron en sembrar de sospechas la actuación de José Luis Vera, el «conseguidor» del PSPV en palabras de la juez de Instrucción aunque él siempre ha defendido que su labor fue de carácter profesional y que dio asistencia a las mercantiles de Febrer.

No obstante, los dos comparecientes han negado que Vera participara en tareas de reestructuración del grupo empresarial; la idea era montar una especie de holding, según explicaron fuentes judiciales. Se trataba de reordenar todo el entramado empresarial, dividido en numerosas sociedades.

Ambos han asegurado ante la juez y el fiscal Anticorrupción que estos trabajos los efectuaron ellos o personas a su cargo. Sí admitieron que Vera asistía a las reuniones del Consejo de Administración, pero que no elaboró los documentos de esa supuesta reestructuración.

El que fuera magistrado de la Audiencia de Valencia, no obstante, pudo colaborar en otras cuestiones. Eso, por el momento, es lo que él sostiene. Será necesario aguardar a su declaración o si presenta algún escrito. De momento, esta primera declaración no parece haberle beneficiado.

Las comparecencias comenzaron con cierto retraso sobre el horario previsto. Tampoco había un margen de tiempo considerable entre las citaciones, lo que ha llevado a que se acumulara algo de retraso. Finalmente se pudo terminar por la mañana, a última hora, tras cancelarse alguno de los testimonios.

Por ejemplo, este miércoles también estaba prevista la declaración de Salvador Grané Terradas, actual director de Cáritas Tarragona. Grané era el director general de Landscape. Esta mercantil se fusionó con Astroc. Y esta última sociedad formaba parte de una de las cuatro empresas, junto con las del cabecilla Jaime Febrer y la de la empresaria Mónica Montoro, que configuran Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI), la firma que participó en la llamada operación de los colegios.

Grané, sin embargo, ha pedido más días porque su nuevo abogado necesita tiempo para instruirse acerca de los hechos que se le imputan a su patrocinado. Volverá a ser citado en los próximos días. La juez está obligada a convocar a los imputados cuantas veces lo reclamen.

Los empresarios se hicieron cargo de una deuda del Ayuntamiento con las congregaciones religiosas de 35 millones de euros a cambio de varias parcelas en la ciudad para construir. En estos acontecimientos tuvo un papel importante, siempre según las diligencias que constan hasta la fecha, la funcionaria del Ayuntamiento, Esmeralda Orero. Ella se ha acogido a su derecho a guardar silencio. Algo muy habitual cuando parte del sumario, como es el caso, continúa bajo secreto de sumario. Cinco piezas continúan al margen del conocimiento de los letrados.

Otro de los empresarios que compareció ayer era un ejecutivo de Astroc. Firmaron un contrato de asesoría que el fiscal sospecha que perseguía, en realidad, obtener efectivo para el pago de comisiones. El imputado señaló que firmaba muchísimas facturas y que no le dio ninguna importancia a la del encargo ahora bajo sospecha.