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Acción Cívica, la entidad apolítica que lucha contra la corrupción, quiere ejercer la acusación popular en el caso Azud, la investigación judicial contra una trama urbanística acusada del pago de comisiones a políticos del PP y del PSPV. De hecho, el exvicealcalde Alfonso Grau y el responsable de urbanismo del PSPV, Rafa Rubio, se encuentran entre los principales investigados. Ambos están en prisión desde hace dos semanas. Les acompaña en la privación de libertad, el empresario Jaume Febrer, al frente de la empresa que capitaliza las pesquisas, Valencia Constitución Valenciana.
La entidad, independiente y apolítica, ofrece su estructura para que abogados de toda España puedan acusar en asuntos de corrupción. Fue creada por el letrado Antonio Penadés, tras su experiencia personal en el caso Cooperación, donde acusó al exconseller Blasco y a toda la cúpula de la Conselleria de Solidaridad e Inmigración. Ahora será la juez de Instrucción 13 de Valencia la que deba autorizar la personación de esta plataforma. Las pesquisas se encuentran todavía bajo secreto y este se mantendrá hasta que la UCO termine con sus diligencias. El PSPV, de la mano de la vicealcaldesa Sandra Gómez, anunció recientemente que también se personarían en la causa, aunque la investigación podría salpicar al propio partido socialista.
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