Los ataques personales del PSPV a Mazón amenazan el pacto para el nuevo consejo de À Punt

Durante su intervención, especialmente virulenta, Muñoz preguntó a Mazón si «jugó algún papel en la trama por la que se ha condenado a Zaplana» a diez años y cinco meses de prisión por la trama de las ITV en el conocido como caso Erial. «Zaplana estableció un régimen de cleptocracia y corrupción en la Comunitat Valenciana y necesitó de cómplices, colaboradores y testaferros; quédese con esa palabra», recalcó el portavoz socialista al 'president'.

El tono de Muñoz poco menos que vinculó al president de la Generalitat con prácticas reprobables, si no directamente delictivas. Lo hizo, claro está, sin más sostén o indicio que el de la vinculación política del ahora líder popular con el exministro. Como si todo aquel que hubiera trabajado con Zaplana pudiera resultar directamente culpable.

La pasada de frenada del dirigente socialista -detrás de la que muchos ven la mano de la secretaria general del PSPV, Diana Morant- tendrá consecuencias.

Fuentes del Palau de la Generalitat han expresado a este diario su indignación con el contenido de la intervención del portavoz socialista. «Es que no todo vale», señaló una fuente popular, que recalca que atribuir sin una sola prueba al president de la Generalitat comportamientos irregulares supone cruzar todas las líneas rojas.

La primera consecuencia de las acusaciones lanzadas por los socialistas sobre el president de la Generalitat afectará a la renovación de los órganos estatutarios. Y muy en particular a la negociación del nuevo consejo de administración de À Punt, el órgano de nueva creación previsto en la reciente reforma de la ley de la televisión pública valenciana y que está llamado a tomar las riendas de la nueva A Punt.

La composición de este nuevo consejo es uno de los frentes de negociación abiertos entre los grupos parlamentarios. De hecho, se trata del que más interés ha despertado entre los grupos de la oposición, dada la trascendencia que se atribuye al órgano que se encargará de tomar decisiones estratégicas vinculadas a la radio y la televisión autonómicas.

Fuentes del Palau de la Generalitat advierten de que lo ocurrido esta semana en Les Corts «pone en peligro» el acuerdo que había empezado a perfilarse en relación con este nuevo consejo de administración. Máxime al tratarse de una negociación en la que participa el propio Muñoz como representante de los socialistas.

No sólo eso. El entorno del president de la Generalitat remarca que a la vista de cómo ha actuado el Gobierno de Pedro Sánchez con el consejo de RTVE, con un cambio por decreto de las mayorías necesarias para elegir a los miembros del consejo, ampliando además el número de sus mimebros para dar entrada a sus socios independentistas, difícilmente la oposición puede exigirle al Gobierno valenciano que se abra a acuerdos. «Aún así estábamos dispuestos a buscar acuerdos, pero con insultos y acusaciones de este calado no», se remacha.

Junto a la negociación de los miembros del nuevo consejo de À Punt, los grupos parlamentarios arrastran la renovación de varios órganos estatutarios, como el Síndic de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura ol el Consejo de Transparencia. Los populares se han mostrado partidarios hasta la fecha de abordar de forma conjunta la renovación y los nombramientos de todos entes. Y aunque los contactos no se pueden dar definitivamente por rotos, las afirmaciones de la última sesión plenaria pueden tener consecuencias.