La Audiencia ha absuelto a los dos primeros funcionarios que han sido juzgados por espiar el expediente de violencia de género de Rocío Carrasco ... y Antonio David. Se trata de un psicólogo y una trabajadora social interina que accedieron al fichero con información reservada. La Sala considera que la conducta desplegada por los acusados no encaja en el delito de revelación de secretos que planteaba la Fiscalía y por el que solicitaban una pena de tres años y medio de cárcel.
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La sentencia no discute que los trabajadores accedieran al citado fichero. Pero sí el carácter reservado o secreto de los datos que allí figuraban. Y lo hace porque, tal y como recoge el fallo, los dos supuestos perjudicados de la acción, Rocío Carrasco y Antonio David, «son los que han hecho llegar a los medios de comunicación con notable profusión» todos los aspectos supuestamente reservados, como la denuncia, las filiaciones, así como las denuncias de malos tratos y el autor«.
De tal forma, continúa el fallo, que esos datos que en origen serían secretos han quedado «fuera de la tutela penal» porque los titulares «los han hecho públicos sin ningún recato». A continuación, aborda otra de las cuestiones recogidas en el delito de revelación de secretos.
El acceso debe hacerse por personal no autorizado y, en este caso, ambos tenían claves por su puesto de trabajo. Además, reprocha el tribunal, la Fiscalía no ha aportado ninguna normativa donde se recoja la prohibición de acceso a expedientes pese a que no sean de su departamento.
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La sentencia marca un precedente para el resto de acusados por este mismo delito. La Fiscalía, en su momento, denunció a siete funcionarios por idéntico motivo: el acceso al fichero de violencia de género. El pronunciamiento de la sección Cuarta hará que el resto de procesados descarten una conformidad y acudan al juicio con mayor confianza en las posibilidades de una absolución.
Las consultas del fichero se produjeron en febrero de 2021. El psicólogo fue el primero en declarar en la vista del pasado jueves. Aquel día, según ha relatado, recibió muchas llamadas de personas que decían haber sufrido lo mismo que la hija de Rocío Jurado. «Entonces accedí al expediente para ver si figuraba como víctima y para orientarme al respecto de si había alguna vigilancia sobre ella».
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No supo aclarar de manera efectiva en qué medida esa consulta puede beneficiar o ayudar a las personas que comunicaron diciendo ser víctima de violencia de género.
El profesional explicó que recibió instrucciones genéricas de la Conselleria de Justicia acerca de cómo acceder y medidas de seguridad sobre las claves de acceso, pero nunca sobre el uso o la navegación en la base de datos. «No había limitación para acceder a otros expedientes en los que no estuviéramos trabajando», indicó a preguntas de su letrado.
De igual modo, confirmó que hay módulos o espacios a los que no se puede entrar, son sólo para las Fuerzas de Seguridad. Además, tampoco necesitan pedir autorización previa para entrar en el fichero. «No fue algo lúdico sino en el ejercicio de mis funciones», remató.
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El objetivo era supuestamente asesorar a las personas que le habían llamado. «Me sirvió como psicólogo, para darme cuenta de que las personas con las que hablaba estaban alteradas por otro motivo del programa». De igual modo, conocer si realmente Carrasco era siendo víctima de violencia de género, ha añadido.
El tribunal ha preguntado en repetidas ocasiones al psicólogo acerca de su papel porque no entiende de qué forma iba a ayudar el profesional a sus pacientes con esos datos. El acusado no ha dado una explicación convincente.
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Se da la circunstancia de que en aquellos días se emitían los primeros capítulos de la serie televisiva «Contar la verdad para seguir viva» donde la hija de Rocío Jurado relataba sus primeros años con su entonces pareja Antonio David y los supuestos episodios de violencia machista que padeció. Los primeros capítulos generaron una enorme polémica y debate social acerca de la credibilidad de las víctimas de violencia que llevó incluso a la intervención pública de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Movidos por la curiosidad, quizá, los dos trabajadores cometieron este error -ya descartado como delito- por el que acusaba la Fiscalía.
La trabajadora social también declaró en la vista a las preguntas del fiscal. «Recibí una llamada de una víctima a las 8.30, una persona que trataba bastante y que se sentía identificada con la violencia vicaria y que también le había pasado a ella». La mujer admitió que fue la primera ocasión que entró en el expediente ajeno a una víctima de las que trataba. «Entré (en el fichero) para asesoramiento. Pensaba que podía hacer esa consulta. Nunca me imaginé que esa consulta tuviera estas consecuencias».
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