La Audiencia aclara el castigo para Tauroni: un año de cárcel

La Fiscalía expuso que la condena para el empresario corruptor de Blasco debía ser de dos años de cárcel. Pero la defensa sostuvo que lo correcto, de acuerdo a la sentencia de la Audiencia y la posterior confirmación del Tribunal Supremo, era de un año de prisión. La Sala comparte finalmente el criterio del letrado de Tauroni.

Todo parte de cierta ambigüedad en el primer fallo. En su momento, la sentencia acordó que el concurso de prevaricación y falsedad con el delito de la malversación estaría situado en la mitad superior del ilícito penal en su alcance máximo, esto es, de siete a ocho años de prisión. Pero aplicándose las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, esto lo «dejaría en su grado inferior en seis años de prisión, que descontados de los seis ya cumplidos quedaría su condena sin pena».

Pero tras ese razonamiento se le impuso un año de cárcel. El Tribunal Supremo acordó que esa contradicción debía ser resuelta en la fase de ejecución de sentencia. Y ahora lo ha hecho aclarando que se trata finalmente de un año de cárcel. Asunto diferente es que finalmente llegue a ingresar en Picassent por estos hechos.

La división de las macrocausas, un método para agilizar la instrucción y juzgarlas de manera independiente, no puede perjudicar a los imputados en la aplicación de las penas. Es decir, que las penas por separado no pueden superar al máximo que se le podría imponer si los hechos se enjuiciaran en un solo proceso.

Esto hace que la pieza 1, la de la compra de los pisos en Valencia con dinero para proyectos en el Tercer Mundo, condicione ahora los nuevos castigos penales. De hecho, esa primera pieza arrastra todavía algunos flecos. Incomprensiblemente, el dinero de la venta de los apartamentos de lujo de Tauroni se encuentra en Estados Unidos. Los pisos se subastaron hará más de medio año, pero el TSJ ignora a día de hoy la cantidad 'limpia' que ha quedado de esa operación. Y, por tanto, no puede concluir con el pago de las responsabilidades civiles, lo que lastra a algún otro condenado, como el caso de la exsecretaria general, Agustina Sanjuán.