La Audiencia de Valencia avala los indicios delictivos contra el diputado provincial Carlos Gil (PP) por un delito de maltrato, amenazas y agresiones hacia su mujer con quien estaba en trámites de separación.El cargo provincial recurrió la orden de alejamiento que le impuso el juzgado, pero la Sala comparte el criterio del instructor y considera que la medida cautelar está plenamente justificada «al existir indicios suficientes de una situación de riesgo para la víctima, según se desprende del atestado y declaración de la denunciante».
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Todo esto lleva a apreciar un comportamiento delictivo del dirigente popular. Los magistrados añaden también la existencia de un parte de lesiones y subrayan «el ataque de ansiedad» que sufrió la hija de la pareja. De igual modo, el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), recuerda cómo la víctima «estaba totalmente atemorizada».
La sección Primera de la Audiencia, especializada en los asuntos de violencia de género, insiste en que lo primordial en estos asuntos es la protección de la víctima y en este caso concurren todos los elementos necesarios para mantener el alejamiento de 80 metros. Esta medida permanecerá en vigor tres meses.
El diputado pretendía revocar la resolución con la alegación, entre otras, de que la decisión no estaba argumentada. La Sala rechaza esta tesis. «El auto cumple perfectamente con el mandato constitucional de motivar ya que se desprende con total claridad los indicios racionales de criminalidad existentes».
La detención hace unas semanas del cargo popular hizo que el PP tomara inmediatamente cartas en el asunto. Carlos Gil no iba a continuar como coordinador del grupo popular de la Diputación de Valencia. Gil no sólo era uno de los dos coordinadores del partido elegidos por el presidente provincial, Vicent Mompó. A propuesta de este, Gil también había sido designado en el grupo popular de la corporación para coordinar las labores de oposición. Pese a este cordón sanitario que impuso la dirigencia popular, Gil acudió ayer al pleno de la Diputación en una actuación que encuentra difícil encaje tras las decisiones de la cúpula del partido.
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El PP comunicó que Gil era suspendido temporalmente de militancia, tras mostrarle todo su apoyo y asumir que la presentada en su contra era una denuncia falsa. El también alcalde de Benavites tomó la decisión de ausentarse de los plenos hasta que pudiera demostrar su inocencia con una sentencia absolutoria. Pero eso no fue lo que ocurrió ayer.
El diputado popular, por otra parte, solicitó y consiguió recientemente la compatibilidad, propuesta que permitiría al diputado mantener el 75% de la remuneración que percibe de la institución a cambio de dar clase como profesor asociado en la Universidad Politécnica de Valencia.
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