La Audiencia cita a Jaraba y a las acusaciones en el caso de RTVV por si pactan para evitar el juicio

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha citado para el próximo 18 de junio al que fuera director de RTVV José Luis López Jaraba y al resto de partes de la causa por las irregularidades en Canal 9 para intentar que lleguen a un acuerdo que evite la celebración de la vista, todavía sin fecha.

Fuentes del entorno del único acusado, que siempre ha negado todas las acusaciones respecto a su gestión, descartaron ya la posibilidad de un acuerdo que suponga condena para el exdirigente. Este encuentro, al que no están convocados los testigos ni los peritos, se produce como parte del reciente protocolo de conformidades acordado por el órgano judicial, el Colegio de Abogados y la Fiscalía de Valencia. El tribunal recuerda a los citados que han de acudir con mascarilla y que deben respetar la distancia de seguridad de dos metros. En caso de que no se produzca un entendimiento, la Sala señalará ese mismo día la fecha de juicio. Ahora mismo es una incógnita cuándo se celebrará la vista debido a la parálisis generada por el Covid-19.

Esta causa comenzó en 2014. Compromís presentó una denuncia por un agujero de más de 1.000 millones de euros en el ente. Se apuntó entonces -al igual que ocurrió con Feria de Valencia y después se archivó- que iba a ser uno de los mayores casos de corrupción de la etapa de los populares. Se imputó a Jaraba, pero también a la que fue directora de Radio 9, Nuria Romeral; al directivo Lluis Motes y a la exconsellera Lola Johnson. Todos pasaron por el juzgado en un momento de fuertes tensiones sindicales.

Paulatinamente, las sospechas y el número de investigados se fueron reduciendo. Al final, sólo quedó Jaraba y únicamente por la compra de determinados programas a la productora de José Luis Moreno. Un informe pericial recoge que se produjeron sobrecostes de alrededor de un millón de euros por un magazine y una serie cuya calidad no es aceptable. Pero el resto de decisiones bajo sospecha, como la compra de unos documentales a la empresa Triskel y patrocinios a clubes de fútbol, fueron validadas con el avance de la instrucción.

La Fiscalía de Valencia, en última instancia, se separó del resto de acusaciones: la particular de la Generalitat y las populares de laConfederación General del Trabajo (CGT)y Compromís. La de la coalición nacionalista está firmada por el hoy presidente de Les Corts, Enric Morera y por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, entre otros altos cargos de la formación.

El ministerio público no ve delito en la actuación de Jaraba, mientras la Generalitat reclama siete años de cárcel al exdirectivo. De nuevo los criterios de la Fiscalía y de la Abogacía se volvieron a distanciar en un asunto de supuesta corrupción. Lo que antes era una excepción, esa disparidad de criterios, parece haberse convertido en norma tras los casos de Valmor, F-1, el circuito y el presunto fraude de la concertada, por ejemplo. Todo esto generó en su día un enorme malestar en la Fiscalía acerca de qué motivos mueven la actuación de la Generalitat.

El ministerio fiscal concluyó que la compra de los programas ahora cuestionados contaban con la aprobación de la Junta de Compras de RTVV y no se alteró el procedimiento administrativo. Insistió, además, en que las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes no «son delictivas».

Tampoco quedó acreditado, según la tesis de la fiscal, que hubiera un «concierto» del directivo con el productor para favorecerle económicamente con esta adquisición. Y, por otra parte, el afamado productor no figura como investigado en la causa. La pericial que habla de sobrecostes no se antoja suficiente, a criterio de la acusación pública, para llevar a Jaraba al banquillo. Este incluso dice que se debe a una venganza personal de uno de los peritos.