Primera condena de la Audiencia de Valencia por los zombies de Imelsa, personas que cobraban un sueldo de la empresa pública sin ir a trabajar, práctica popularizada en los tiempos de Marcos Benavent en la gerencia de la firma y de Alfonso Rus en la presidencia de la Diputación.
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Este asunto nació del caso Avialsa, la investigación por el amaño de contratos de extinción de incendios en la Generalitat en la que está investigado Serafín Castellano. Durante unas declaraciones en el juzgado de Sagunto, el exconcejal de Quartell Emilio Mañez admitió, de forma sorpresiva, que él nunca había trabajado como coordinador de Brigadas en Imelsa ya que fue requerido por Francisco Huguet, alcalde de su municipio, para ser asesor en la Diputación.
Desde 2003 a 2007, sin embargo, firmó sucesivos contratos en la empresa con emolumentos de 56.000 euros por una prestación de servicios supuestamente ficticios. Fue despedido en 2007, pero se le reconoció la improcedencia por lo que recibió 11.000 euros de indemnización.
La Fiscalía reclamaba seis años de prisión por estos hechos. La sección Quinta de la Audiencia ha impuesto dos años y seis meses de prisión a cada uno de ellos. Los magistrados los consideran autores de un delito de prevaricación y malversación. Además, han sido condenados a indemnizar a Divalterra -empresa heredera de la antigua Imelsa- por el dinero que percibió el ahora condenado sin prestar ningún servicio. Durante las declaraciones de los acusados en el juicio, Máñez rectificó e indicó que sí formó parte de la firma, a la que accedió en 2003 gracias a un contrato como coordinador de los brigadistas forestales pese a no tener una formación específica para el puesto. Justo todo lo contrario que declaró en su día en el juzgado de instrucción.
Los agentes de la Udef que comparecieron en la vista explicaron que no existe ninguna constancia de que Mañez trabajara en Imelsa. No tenía cuenta de correo ni teléfono. Huguet se esforzó en desmentir que hiciera alguna gestión para que su compañero terminara de asesor en la Diputación. El puesto al que llegó no existía con anterioridad.
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Es el primer pronunciamiento de la Audiencia sobre los zombies de Imelsa. Actualmente, el juzgado de Instrucción 18 de Valencia tramita dentro de la macrocausa de Imelsa unas diligencias relacionadas con este tipo de irregularidades. Los principales investigados son el exgerente Marcos Benavent y Alfonso Rus. Anticorrupción solicitó en su día sumar también los zombies que detectó en otra empresa pública bajo sospecha, Ciegsa. Pero todavía no existe contestación. La idea de Fiscalía consiste en enjuiciar estos dos asuntos en un único proceso. La realidad es que la instrucción está agotada y todas las partes están a la espera del procesamiento.
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