La Audiencia a un condenado que pidió estar con su madre en Navidad: «Las consecuencias de nuestros actos afectan a la familia»

La Audiencia de Valencia ya ha activado el proceso para que once condenados por el expolio de la depuradora de Pinedo ingresen en prisión una vez el Tribunal Supremo ha confirmado las penas. El último día de plazo es el próximo día 16 de noviembre. Los perjudicados, no obstante, tratan por todos los medios de retrasar, en la medida de lo posible, su entrada en la penitenciaría con alegaciones de los más dispares. Por ejemplo, Vicente Ros, empresario relacionado con una de las empresas de lodos, ha solicitado al tribunal que demore su ingreso porque quiere pasar las que pueden ser las últimas Navidades con su madre. La edad de su progenitora, 88 años, y la pena que afronta el acusado, más de seis años, serían dos factores que hacen temer que no puedan verse más en caso de que sea encarcelado de manera inminente.

La Sala ha rechazado la solicitud de este empresario. Los magistrados razonan que la entrada en la penitenciaría va a alterar la vida y la libertad de la que gozaban de todos aquellos condenados. "Las consecuencias de nuestros actos, no solo las padecemos nosotros, sino también el resto de las personas que forman parte de nuestra vida, y esta se va a ver alterada de una forma importantísima tarde o temprano", adelanta la sección de la Audiencia. Y esto se va a producir ingrese ahora o el próximo año. En definitiva, habrá muchas primeras veces de cuestiones que ya no se van a poder celebrar, todas aquellas "ocasiones especiales" como cumpleaños o Semana Santa. Por este motivo, deciden no aceptar las alegaciones de Ros.

De igual modo, ha rechazado la petición de Rafael Quiles, quien comunicó al tribunal que él ingresaría el 24 de noviembre pese a que la Sala estableció como fecha límite el 16 de noviembre. No comprenden los magistrados cómo únicamente, por propia voluntad del condenado se fija otra fecha cuando está sometido a criterio del tribunal.

El Tribunal Supremo confirmó recientemente la condena a Esteban Cuesta, el ATS que acabó como gerente de Emarsa entre 2004 y 2010, a doce años y a Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa, a diez. José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR), por su parte, cumplirá 9 años de prisión por prevaricación, falsedad y malversación ya que el Supremo rechazó su recurso. El otro ideólogo de la red delictiva, Ignacio Bernácer, cumplirá tres años y medio de cárcel porque llegó a un pacto con la Fiscalía días antes del inició del juicio en la Audiencia de Valencia a cambio de reconocer los hechos.