La Audiencia ya condenó a un seguro a pagar la repatriación de una turista herida en la República Dominicana

Los viajes se presumen como momentos de placer y relajación y, en ocasiones, terminan en calvario. Es lo que le sucede actualmente a la familia valenciana atrapada en Cancún asfixiada por el coste de hospitalización de uno de sus miembros, que alcanza los 8.000 euros al día. Esta situación les aboca, sin duda, a momentos dramáticos. «Es prácticamente un secuestro hospitalario. Si no pagamos, lo desconectan», relatan, atemorizados, los allegados.

Se da la circunstancia de que el seguro no cubre la totalidad del proceso de hospitalización, un problema que, por desgracia para las víctimas de estos sucesos, se repite con cierta frecuencia.

La Audiencia de Valencia ya ha dado la razón a turistas valencianos en situaciones similares. Una sentencia a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS condenó en 2021 a una aseguradora a sufragar los gastos del traslado de una mujer de 81 años de edad que viajó con su hijo y su nieto a la República Dominicana.

Nada más llegar sufrió un accidente al no percatarse de unos escalones en el complejo hotelero, percance que requirió de su ingreso hospitalario y diferentes gastos. El seguro abonó 3.100 euros de un límite de 3.500, una cantidad máxima que, de entrada, puede ser escasa. De hecho, el coste del ingreso durante una semana superó los 9.000 euros, según consta en la sentencia de primera instancia.

Sin embargo, la póliza se negaba a pagar los gastos del traslado a España porque aseguraba que esto sólo estaba garantizado si se producía desde un país europeo. La sentencia se pregunta qué sentido tenía contratar un seguro con esta disposición cuando el viaje es al otro lado del Atlántico.

La mujer y su familia, representadas por el despacho Castillo-Castrillón, solicitaron el traslado a España en un avión medicalizado porque las instalaciones eran mejores y, además, se trataba de una intervención con una costosa recuperación. El seguro, en cambio, recomendaba la operación allí y el posterior viaje en un avión comercial. La herida decidió volver a España y pagarlo de su bolsillo a través de otra empresa privada.

La Audiencia condenó posteriormente a la aseguradora al pago de esta repatriación, de cerca de 16.000 euros ya que en el contrato se decía que era «ilimitada». El fallo, además, sostiene que las instalaciones en Valencia serían más aconsejables y que además los especialistas conocen los antecedentes e historial de la paciente. Todo esto en un escenario que no había un riesgo vital para la mujer.

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