La Audiencia desimputa a Eusebio Monzó por los contratos de la visita del Papa

La investigación de los contratos de la visita del Papa a Valencia, que mantiene imputados al expresidente Francisco Camps y otros cargos del Arzobispado, sigue en el juzgado de Instrucción 5 de Valencia. El asunto no ha registrado apenas novedades significativas en los últimos meses salvo la resolución de la Audiencia de Valencia que corrige a la jueza y 'desimputa' a Eusebio Monzó, ex alto cargo de la Generalitat y exconcejal del Ayuntamiento de Valencia.

El dirigente popular había sido citado inicialmente como testigo, pero su condición se modificó a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La comparecencia era el pasado mes de febrero, pero el afectado recurrió su citación como investigado. Consideraba que no había indicios suficientes de una actuación delictiva, mientras que la fiscalía sostenía que era cooperador necesario en determinados delitos. La Sala ha dado la razón al recurrente. No declarará como imputado.

Monzó acudió a la Audiencia en busca de amparo. En mayo de 2019 se acordó su citación como testigo por el cargo que ocupaba en el periodo de hechos investigado, secretario autonómico de Hacienda. Él alegaba que tras cuatro años de pesquisas y una vez ha finalizado el periodo de instrucción no se le podía cambiar su posición procesal y citarlo como investigado porque esto le genera indefensión. La Audiencia rechazó esta tesis.

La Sala, no obstante, sí comparte los argumentos acerca de su insignificante participación en el proceso de liquidación y disolución de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Él era patrono de la entidad en representación de la Generalitat.

El magistrado ponente hace un repaso cronológico desde que la Generalitat inyecta dos millones de euros más en la citada entidad. Esto ocurre en 2010. La situación financiera de la fundación era pésima. «Los dineros estuvieron en esa cuenta y sin una correcta contabilización en la cuentas de la fundación los años 2010, 2011 y 2012», recuerda la Audiencia. En 2014, el Consell insta a que el patronato haga uso de esa cantidad fundacional. Y en octubre se autoriza. «Parece interinamente acreditado que antes de esta autorización se habían consumido en pago de deudas casi la totalidad de los dos millones», subraya la Sala.

¿Cuál es entonces el papel de Monzó en esta serie de acciones? Pues el dirigente es nombrado en marzo de 2014, como secretario de Hacienda, patrono de la fundación. Se dedicó a liquidar formalmente la entidad «por más que ya estuviese de facto extinguida desde hace muchos años al desaparecer su objeto». Pero todo lo hizo siguiendo órdenes del Consell y del Patronato con informe favorable de la Intervención General y de la Abogacía de la Generalitat, recoge el auto. «Actuó con todas las bendiciones legales y administrativas». Así que desde ese relato de los acontecimientos, hablar de que Monzó es «cooperador necesario» -como apuntó la fiscalía- es un «exceso interpretativo». Los magistrado revocan la decisión de la instructora porque no alcanzan a comprender cómo Monzó «podía haber llevado a cabo una acción con un contenido propio y autónomo asumiendo un protagonismo en su desarrollo».