La Audiencia embarga a la Generalitat para pagar las costas a Jaraba por el caso RTVV

La Audiencia de Valencia absolvió a Jaraba en un momento en que en las acusaciones sólo militaban ya la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Generalitat valenciana. Pero no desistieron en su empeño. Tanto la Abogacía como el sindicato buscaron amparo a sus pretensiones en el Tribunal Supremo. El desenlace fue el esperado. La absolución a Jaraba se convirtió en firme.

El exdirigente de la televisión autonómica reclamó a ambas acusaciones cerca de 150.000 euros por los honorarios de su letrado que tanto la CGT como la Abogacía debían sufragar al haber sido condenadas en costas. Una cifra desorbitada para las dos representaciones, que no dudaron en impugnar la cantidad.

El Tribunal Supremo les dio la razón y rebajó los gastos a apenas 6.000 euros. «Las costas deben estar ajustadas a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso a considerar, los motivos del recurso, la extensión y desarrollo del escrito de oposición...» subrayó el alto tribunal.

La CGT finalmente pagó su parte, la mitad de esos 6.000 euros. En un principio incluso se barajó la celebración de un concierto ante el temor de que fuera un importe mayor. Finalmente se articuló una campaña de entrega de naranjas a cambio de donativos para sufragar el pleito.

La Generalitat, en cambio, nunca abonó este importe pese a las reclamaciones judiciales. Se desconoce el motivo. De hecho, la Audiencia acaba de acordar el embargo de 3.200 euros de las cuentas de la Administración valenciana.

El cierre de este capítulo supone el final de la última ofensiva de Compromís contra el gobierno de los populares. Era 2012 cuando la coalición nacionalista denunció un supuesto desfalco de decenas de millones de euros en la gestión del ente público.

Una televisión que ya tenía el antecedente de la condena por los abusos sexuales del número 2, Vicente Sanz, y que también arrastraba las sospechas de pactos con la trama Gürtel en la visita del Papa, unos hechos que terminaron en condena.

La instrucción sólo sirvió para eliminar sospechas y finalmente sólo quedaron las relaciones entre Canal 9 y el conocido productor José Luis Moreno. No se probó que se beneficiara a la mercantil ni tampoco que firmara el contrato para perjudicar a RTVV ni que los derechos de emisión de los capítulos contratados estuvieran sobrevalorados.