La Audiencia, la fiscal y el TSJ han reprochado la actuación de Igualdad en el caso del ex de Oltra

El tremendo embrollo judicial en el que se ha convertido ya el caso de Luis Icardi, el exmarido de Mónica Oltra condenado a cinco años de cárcel por abusos a una menor, deja al menos una cuestión meridianamente clara: el reproche a la actuación de la Conselleria de Igualdad por parte de todos los operadores judiciales. 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) al anular parcialmente el juicio y la sentencia condenatoria -ahora el mismo tribunal repetirá la vista y deberá tener en cuenta dos informes exculpatorios que se conocieron tras el primer fallo- ha sido el último órgano en pronunciarse respecto a la gestión que se hizo desde el departamento que dirige Mónica Oltra y del que dependen los centros de menores. Este tribunal, donde figura la propia presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, habla del «desconcierto» que genera este proceso, suficiente para abrir «un interrogante no baladí» acerca del proceder de la Dirección Territorial de Igualdad.

Los magistrados ponen el foco en lo extraño que resulta que los responsables encarguen un informe al Instituto Espill al margen del procedimiento judicial, pero conocedores de la existencia de unas diligencias y justo después de comunicar por escrito a la Fiscalía de que no correspondían más indagaciones.

En este sentido, resulta ilustrativa la sentencia de la Audiencia, ahora anulada. No sólo subrayan la incomprensible posición de la directora del centro donde se produjeron los abusos. Esta responsable, una vez le trasladó una trabajadora social la existencia de los abusos no preguntó a la víctima sobre estos episodios. Únicamente se limitó a inquirir por las razones por las que la menor supuestamente pretendía dejar las instalaciones.

También comentaron el papel de la psicóloga de la Dirección Territorial de Igualdad, la persona que examinó a la adolescente. Admitió que no era experta en la detección de este tipo de delitos y ni siquiera elaboró un informe. Hizo un análisis de menor entidad. Resultó relevante para los magistrados que omitiera la pregunta de los abusos sexuales cuando hizo la entrevista a la víctima. Además, también les causó «sorpresa» el hecho de que no se diera cuenta de todo esto a la Fiscalía de Menores.

Este caso saltó al ministerio público porque la menor se lo contó a unos policías cuando estos van a recogerla en una de las múltiples fugas que protagonizaba la joven. Igualdad, en este punto, ha admitido los fallos en la organización y, de hecho, se cambió el protocolo para trasladar a la Justicia cualquier sospecha.

De igual modo, la Fiscalía de Valencia ha expuesto con similar contundencia las sombras acerca de la actuación de la Conselleria con la presentación del conocido informe exculpatorio con dos años de retraso. De hecho, el letrado conoció la existencia de ese dosier a raíz de una información de LAS PROVINCIAS. Incidió la fiscal, además, en la «falta de competencia» de la conselleria de Oltra con el encargo de ese informe que terminó siendo favorable al acusado, pero que «nunca puso a disposición del juzgado».

La fiscalía mostró también su sorpresa de que esta derivación al centro Espill se produjera seis meses después de las primeras sospechas que traslada la víctima. Y también coincide en el mismo análisis que ha hecho el TSJ.