La Audiencia insiste en que el Tribunal de Cuentas debe fijar el dinero que ha de pagar Blasco

La Audiencia de Valencia ha contestado ya a las numerosas aclaraciones que varios condenados solicitaron en su día a raíz de la última sentencia del caso Cooperación. La más relevante, por las evidentes consecuencias, es la respuesta a la Generalitat. La Abogacía trató de que la Sala concretara las cantidades con las que Marc Llinares y Rafael Blasco debían indemnizar a la Generalitat.

Pero los magistrados insisten en que debe hacerlo el Tribunal de Cuentas, tal y como se hizo en la primera pieza del caso. La Generalitat, no obstante, pretendía que en el epílogo de este caso de corrupción, piezas 2 y 3, se decidiera en la vía penal. Una fórmula, por otra parte, plenamente válida y que se ha seguido en otros casos de corrupción.

Sin embargo, la Audiencia entiende que no. «La sentencia penal no debe declarar la obligación de resarcir a la Hacienda Pública por el importe defraudado y sus intereses, pues de hacerlo incurriría en exceso de jurisdicción». De tal forma que la Sala acuerda trasladar el fallo al Tribunal de Cuentas para que se inicie un nuevo procedimiento para reclamar este dinero. Ahora la Generalitat deberá impulsar estos nuevos procesos.

Blasco ha puesto su chalé de la Barraca d'Aigües Vives, en la localidad de Alzira, a disposición de la Generalitat para cubrir su parte, todavía sin determinar. Los intentos del exconseller de lograr un comprador particular no se cerraron con éxito. Y ahora la opción es la subasta. Marc Llinares, uno de los lugartenientes de Blasco en la trama, ofreció un apartamento en Dénia para hacer frente a su indemnización.

Augusto César Tauroni, el empresario de las Ong's, es que el dispone de más bienes, pero se encuentran en Estados Unidos. Cuenta con dos apartamentos y un yate pero a nombre de dos mercantiles americanas. Hasta la fecha no se había podido ir contra estas propiedades.