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La Audiencia juzgará el caso Erial, la presunta fortuna en el extranjero de Eduardo Zaplana y las operaciones de blanqueo, en el arranque del próximo año. Será el juicio más importante de 2024 y, sin duda, uno de los procesos judiciales más relevantes de ... las últimas décadas. Será el tercer expresidente de la Generalitat que se siente en el banquillo tras Francisco Camps, juicio de los trajes y adjudicaciones Gürtel, y José Luis Olivas, fraude con su empresa y salida a bolsa de Bankia. Este último, Olivas, repite también en el banquillo de Erial.
Las vistas comenzarán el 9 de enero y, en principio, están previstas 40 sesiones. Este número es provisional porque se suele acortar si el desarrollo del proceso avanza a buen ritmo. Las defensas, posteriormente, suelen renunciar a algunos testigos. En un principio, se barajó celebrar el proceso en el último trimestre de 2023, pero finalmente no será hasta el próximo ejercicio.
El juicio se celebrará en la sala Tirant, unas dependencias de la Ciudad de la Justicia habilitadas para macroprocesos porque permiten albergar a un número amplio de defensas.
Todavía faltan cuestiones clave por determinar. La primera, el ponente definitivo de este asunto. Se trata de la persona encargada de redactar la sentencia tras la deliberación con sus compañeros de tribunal. De momento, tras la marcha del magistrado Megía, la responsabilidad fue asumida por el presidente Pedro Castellano. Pero, tal y como se recogió en su día, se trata de una atribución provisional. Está pendiente la llegada de un nuevo magistrado que completará el tribunal de la sección Cuarta. Este procederá de un concurso que no se resolverá hasta después del verano.
El cabecilla del conocido como caso Erial es, sin duda, Eduardo Zaplana. La titular de instrucción 8 de Valencia sostiene que disponía de una fortuna oculta en el extranjero procedente del cobro de mordidas por los amaños de los parques eólicos y la privatización de las ITV. Anticorrupción le reclama 19 años de cárcel por estos hechos así como una multa de 40 millones de euros. Los empresarios José Cotino y Vicente Cotino, por su parte, afrontan una pena de prisión de 14 años. La menor participación de Olivas se queda en una petición de seis años. En cualquier caso, castigos muy severos debido a la gravedad de los delitos que se les imputan.
La acusación incluye también a su amigo y supuesto testaferro Joaquín Barceló y a su número 2 en la Generalitat, Juan Francisco García. Estos junto con su secretaria personal, Mitsuoko Hernández, forman el núcleo duro de colaboradores.
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