La Audiencia libra de la cárcel a uno de los cabecillas del caso Cooperación

Marc Llinares fue, sin duda, uno de los cabecillas de la trama de desvio de fondos destinados al Tercer Mundo. Por su posición formaba parte de la dirigencia de aquella conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que comandaba Rafael Blasco. De hecho, era el jefe de área de Cooperación. Uno de los escasos dirigentes de la cúpula, presentes en las principales piezas del caso, que no ha pasado por la prisión.

Y presumiblemente ya no lo hará. La Audiencia acaba de suspender su ingreso en prisión con el visto bueno de la Fiscalía. Los dos años y nueve meses a los que fue condenado en su momento por malversación en concurso con una falsedad y por un cohecho no tendrán consecuencias directas en su libertad.

El tribunal ha acordado la suspensión del castigo durante tres años y seis meses con la condición de que no vuelva a delinquir. No obstante, le impone la obligación de hacer trabajos sociales durante diez meses, tal y como consta en un auto del pasado mes de julio de la sección Quinta. La decisión se produce pese a que el Código Penal recoge que la suspensión sólo se puede conceder, con carácter general, cuando las penas no superen los dos años.

La resolución judicial omite cualquier pronunciamiento acerca del pago de la responsabilidad civil, uno de los requisitos -el abono o el compromiso de pago- que se requieren para conceder la suspensión de la condena.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia precisaron que respecto a este particular, la Audiencia acordó dejarla en suspenso hasta recibir el acta de liquidación de esa responsabilidad que se sigue en el Tribunal de Cuentas.

Las piezas 2 y 3 se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para todos los operadores jurídicos. Hasta la fecha, según fuentes judiciales, se desconoce el perjuicio causado a la Administración y cuánto dinero se debe reintegrar por parte de los condenados.

Por tanto, resulta imposible determinar la responsabilidad civil de cada uno de los condenados, al margen de las cantidades que aportaron en su momento los procesados que aceptaron una conformidad. Fuentes judiciales apuntan en este sentido a la inacción de la Abogacía de la Generalitat que no cuantificó el dinero realmente desviado más allá de una estimación sin respaldo de ninguna pericial.

Uno de los grandes objetivos de la acusación popular en el segundo gran juicio del caso Cooperación era una condena para que Llinares, a quien consideraban uno de los principales responsables de la trama, le obligara a entrar en prisión.

Por la primera pieza, Llinares fue condenado en el TSJ a cuatro años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad, pero no había sido acusado de esos ilícitos, ya que se le atribuyó exclusivamente un papel de cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos.

Sin embargo de este último, si fue absuelto por el tribunal Valenciano, este hecho, según el Tribunal Supremo había lesionado el derecho de defensa del acusado, al no ser respetado entonces el deber de congruencia por parte del tribunal Valenciano se decidió absolverle de los hechos imputados, según Europa Press. No tuvo la misma suerte en el Tribunal de Cuentas donde sí se le incluyó como uno de los responsables del desvío de fondos de la primera pieza. Este asunto es uno de los más escandalosos porque supuso la compra de dos pisos en Valencia con dinero destinado al Tercer Mundo. Los inmuebles finalmente se los quedó la Administración tras una subasta en la que sólo se ofrecieron 86.000 euros por los inmuebles, tres pisos que ocupan más de 600 metros cuadrados.

Llinares se ha visto obligado a desembolsar cerca de 460.000 euros, según la información que maneja LAS PROVINCIAS. Una cantidad de este dinero proviene de los embargos sobre su nómina. También hay aportaciones de otras terceras personas y un ingreso cercano a los 300.000 euros. E

Esta cantidad supuestamente vendría de la venta de un apartamento en el municipio de Dénia, uno de los bienes que el funcionario estaba dispuesto a vender, según las negociaciones que se mantuvieron en las piezas del caso para hacer frente a la responsabilidad civil.

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