La Audiencia ordena reabrir la causa contra Rius por los catálogos del MuVIM

La Audiencia de Valencia ha ordenado la reapertura de la investigación al diputado provincial de Compromís Xavier Rius por irregularidades en la adjudicación de una serie de catálogos para el MuVIM, el principal museo de la corporación provincial. La Sala considera que el juzgado de Instrucción en el que recayó el asunto, dictó de manera «precipitada» el archivo pese a que todavía se pueden practicar más diligencias para aclarar las sospechas al respecto de estos encargos.

El tribunal reprende al instructor porque no únicamente se pueden utilizar las declaraciones de los investigados -lógicamente exculpatorias y con la posibilidad incluso de mentir en su derecho de defensa– para descartar la existencia de indicios delictivos. El auto incide en que resulta necesario un plus en esa labor investigadora que, en este asunto, no se ha producido. Aclara la Audiencia que a partir de las nuevas diligencias se podría descartar la participación de alguno de los investigados pero recuerda que los hechos presentados por el querellante -en este caso el PP– presentan una conducta del diputado que al menos «aparentemente» revelaría la infracción del procedimiento administrativo.

El archivo se produjo apenas 48 horas después de que Rius y dos impresores relacionados con los catálogos prestasen declaración ante el juzgado. El diputado de Compromís, exresponsable de Cultura en la Corporación Provincial, subrayó que las adjudicaciones llevaban la firma del entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, detenido posteriormente por la contratación irregular de directivos en la empresa Divalterra. Una de las diligencias que quedarían por practicar sería la comparecencia del propio Rodríguez.

La polémica se remontan a julio de 2016. Los encargos de los catálogos, decididos sin concurso público, se tramitaron por un valor situado en el límite que entonces estaba establecido para los contratos menores, 18.000 euros. La petición se realizó a dos empresas que eran del mismo administrador, también imputado y que admitió ante el juez estar vinculado con las dos firmas beneficiadas por la contratación. La adjudicación y el pago los firmó Rodríguez.

Se elaboró el mismo catálogo de la exposición en dos tiradas distintas, una en tapa blanda y otra en tapa dura. Son dos adjudicaciones por idéntico valor, 17.300 euros sin IVA, contratos menores encargados a dos imprentas (Martin Impresores y Campgráfic) y rubricadas a través de sendos decretos publicados con tan sólo tres días de diferencia: 5 y 8 de julio de 2016.

Las impresiones eran para la exposición 'La Modernitat Republicana a València. Innovacions i pervivències en l'art figuratiu ( 1928-1942)'. Los denunciantes sostienen que se esquivó de manera voluntaria el cauce normativo para evitar sacar a concurso el servicio. De tal forma que se adjudicó directamente a las citadas empresas.

La Audiencia, además, destaca que existía un informe del Interventor que alertaba precisamente de un posible fraccionamiento. En el mismo escrito, los magistrados cuestionan el papel de la subdirectora del Muvim, la socialista Carmen Ninet, que firmó un informe con informaciones que supuestamente no se corresponden con la realidad. Así, se recogía que no se había contratado con una de las mercantiles bajo sospecha en 2015, pero posteriormente han aparecido facturas que sí confirmarían esa relación comercial. Se trata de una serie de circunstancias en las que los magistrados ponen el acento para forzar la reapertura. De igual modo, recuerdan que la primera impresión se produce antes de la adjudicación de los contratos y la segunda, en teoría al agotarse esa tirada inicial, tuvo lugar antes del primer encargo.