La Audiencia ve posible prevaricación durante la gestión de Baldoví en Sueca

El pasado siempre vuelve o en realidad nunca termina de marcharse. El único diputado de Compromís en el Congreso y referente de la coalición, Joan Baldoví, está en el punto de mira por su gestión como alcalde en el Ayuntamiento de Sueca durante la legislatura 2007-2011. Hay un auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, fechado el 24 de julio de 2019, que apunta que unos hechos relacionados con un expediente urbanístico «podrían tener indiciariamente y de forma provisional los caracteres propios de un delito de prevaricación y en su caso una desobediencia».

El caso afecta a varios equipos de gobierno y a distintos responsables políticos y técnicos municipales. El asunto se inició en 2007, después de que los propietarios de una vivienda en la urbanización de Les Palmeres denunciaran la ejecución de unas obras ilegales en un inmueble ubicado en la calle Vía Sant Roc por un exceso de volumetría.

El 5 de febrero de 2007, con Salvador Gil todavía como alcalde, el jefe del servicio jurídico del Ayuntamiento de Sueca firmó un informe en el que ordenaba la paralización de las obras y apuntaba su demolición si no gozaba de la licencia correspondiente. El 22 de mayo, un nuevo informe certificó que no es que se incumpliera la orden de paralizar las obras sino que la construcción se amplió. En septiembre de 2007, ya con Joan Baldoví en la alcaldía de Sueca, se propuso una sanción de 43.112 euros -el 35% del valor de la obra-.

A partir de ese momento se pone en marcha un tortuoso camino judicial y de reclamaciones por parte de los vecinos afectados que les ha llevado hasta hoy, más de doce años después de que se firmara el primer expediente para la paralización de las obras ilegales. «Resulta obligada la investigación penal para determinar el motivo por el que las personas responsables de ello -de no haber parado la construcción y de no haber procedido al posterior derribo- no cumplieron con la legalidad administrativa aplicable», señala el auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso este periódico.

Los afectados han pedido que declaren en calidad de investigados Joan Baldoví y Raquel Tamarit, ex alcaldesa del municipio y actual secretaria autonómica de Cultura. También se ha solicitado que se tome declaración a varios técnicos del Consistorio. La finalización de la obra coincidió con el mandato de Baldoví al frente del equipo de gobierno.

Desde 2007, la denuncia ha seguido un largo proceso e incluso terminó en el Tribunal Supremo, que finalmente dio la razón a los afectados. Ante la falta de actividad por parte del Consistorio, los denunciantes tuvieron que presentar una nueva demanda administrativa contra el Ayuntamiento.

La Audiencia Provincial apunta que el derribo de las obras, en virtud de los expedientes firmados, fue solicitado de manera reiterada, «sin dar respuesta alguna, lo que motivó un procedimiento judicial, en el que se ordenaba la restauración de la legalidad urbanística en una sentencia de marzo de 2017» -con Tamarit como alcaldesa-.

Esta decisión provocó que el Ayuntamiento ordenara la demolición de las obras en junio de 2018 pero en enero se acordó la caducidad y el archivo de las actuaciones al entender que hay que abrir un nuevo expediente por si las obras afectan a suelo público.

Una decisión adoptada por el Ayuntamiento el pasado mes de febrero que la Audiencia Provincial de Valencia entiende que nada tiene que ver con el expediente inicial aprobado hace más de doce años y que al juzgado de Sueca que continúe con las diligencias.