La Audiencia Provincial vuelve a rechazar la salida de prisión de Zaplana

Valencia. Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, continuará en la prisión de Picassent. La Audiencia Provincial de Valencia rechazó ayer por tercera vez la petición de que Zaplana fuera puesto el libertad o se cumplieran las medidas preventivas bajo arresto domiciliario y ratificó una vez más la prisión provisional acordada por la jueza de Instrucción 8. Tal y como informó el entorno del expresidente y confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la sección quinta de la Audiencia Provincial no acepta ninguna de las dos peticiones de la defensa.

Zaplana, que padece una variante de leucemia, permanece en prisión desde hace más de 100 días y su defensa no ha dejado de denunciar que su estado de salud no ha hecho más que empeorar desde que fuera trasladado a Picassent pese a que está hospedado en el módulo de enfermería. El que fuera jefe del Consell y líder del PP fue visto el pasado junio en las dependencias del hospital La Fe en dos ocasiones, una para recibir su tratamiento y otra por una insuficiencia respiratoria.

El auto al que tuvo acceso 'El Confidencial' revela duros reproches de los jueces a Zaplana. Los magistrados remarcan en el escrito que, pese a que no se pone en duda la enfermedad, Zaplana también sufrió recaídas «estando en libertad» que conllevaron ingresos hospitalarios y destaca que en uno de estos ingresos tuvo tiempo de gestionar sus negocios de forma telefónica, tal y como se desprende de las llamadas intervenidas. Además, la Audiencia Provincial resalta que se recibe «el tratamiento prescrito» y que cuenta con más atención médica que cuando estaba en libertad.

El tribunal, tras confirmar que no dejará la prisión, dejó la puerta abierta a la otra petición de la defensa, que los médicos forenses que ya realizaron un informe sobre el estado de salud del exministro el pasado 31 de mayo vuelvan a visitar a Zaplana para certificar como ha evolucionado su situación en los últimos meses y sean llamados a declarar.

En el caso de que sea aceptada esta solicitud sobre la que la Audiencia Provincial se pronunciará en las próximas semanas, sería el cuarto informe médico que se lleva a cabo. El escrito sanitario de mayor relevancia es el presentado el pasado agosto y que está redactado por Guillermo Sanz, jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético del Hospital público de La Fe y responsable que trató a Zaplana su enfermedad. En este texto se especificaba que especificaba que «un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida».

Los otros dos informes previos, el de los médicos forenses de la Clínica Médico Forense de Valencia y el solicitado por la familia de al jefe de Sección de Leucemia del Hospital Anderson Cancer Center de Houston anticipaban las conclusiones del tercero.

Otro argumento utilizado por la defensa es la denuncia de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), que criticaba la «gran falta de personal» en las cárceles valencianas e informaba de que, en el centro de Picassent, dónde está interno Eduardo Zaplana, «tendría que haber 21 médicos, más un subdirector médico y un subdirector médico adjunto», pero «de esos 23 solo hay nueve, de los que cinco están de baja médica», según recogía Europa Press.

Por todas estas razones la familia declaró en un comunicado que Zaplana «ya tendrá ocasión de defenderse de las acusaciones que se presenten contra él, pero aún no ha sido juzgado y ahora por razones puramente humanitarias, debería estar en un lugar que no ponga en peligro su vida». «Es un derecho que asiste a cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país» sentenció el entorno más cercano del expresidente de la Generalitat. Zaplana permanece en prisión porque existen indicios ha acumulado un enorme patrimonio en el extranjero procedente, en parte, del cobro de comisiones. Esto le facilitaría notablemente la huida en caso de querer eludir la acción de la Justicia. También concurre la posibilidad de destrucción de pruebas.