La Audiencia rechaza que comparezcan Villarejo y Benavent en Erial y aboca la causa a su final

La resolución de la Sala cobra además especial relevancia porque se trataba de la última cuestión pendiente del caso Erial, lo que anticipa ya irremediablemente el final de la causa en el juzgado de Instrucción 8 de Valencia. Es decir, el más que probable auto de incoación de procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento en otro tipo de procedimientos. Esta resolución dejaría al expresidente a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Las comparecencias de Villarejo y Benavent quedarían, en el mejor de los casos, para esa hipotética vista oral.

Los magistrados respaldan la decisión de la jueza y de Anticorrupción de negar las testificales solicitadas por la defensa de Zaplana. En primer lugar, respecto de Benavent recuerda que ya declaró en esta causa de Erial –lo hizo aún bajo secreto– y «no se considera creíble que lo hiciera bajo presión».

El exgerente de Imelsa tiene un papel relevante en las pesquisas ya que los primeros documentos, los que se consideran la hoja de ruta del caso Erial, se obtienen en el registro del despacho de su entonces letrado.

El autodenominado yonki del dinero ha mutado de ser el principal colaborador de la Fiscalía a poner en duda el inicio de la investigación policial incluso con la denuncia de presiones para que apuntara hacia determinadas personas. «Acusé por acusar», llegó a decir tras un repentino cambio de estrategia que implicó, además, una sustitución del letrado.

El tribunal mantiene que en esa última declaración que prestó en Instrucción 18, la macrocausa de Imelsa, compareció como investigado y, por tanto, no tenía la necesidad de decir la verdad. De igual modo, rechaza la posible comparecencia del comisario José Manuel Villarejo acerca de la organización de un plan para destruir la imagen del exministro.

Estas afirmaciones fueron realizadas por una persona en la actualidad «encausada por diversos delitos relacionados con la que fue su profesión de comisario». En ese sentido, el auto precisa que el hallazgo de los papeles en un domicilio que ocupó Zaplana en Valencia –son los que posteriormente un ciudadano sirio entrega a Benavent y este custodia durante años– son el origen de la investigación, pero que posteriormente se ha logrado abundante «material incriminatorio» por otros medios a lo largo de una laboriosa investigación.

El relato de cómo se inició la causa de Erial siempre ha sido cuestionado. Un ciudadano sirio al que en un principio se vinculó con el CNI encontró unos papeles en una vivienda en la que había residido Eduardo Zaplana. Era un piso en el conocido edificio de la Pagoda, en Valencia.

Este hombre le entregó esa documentación a Marcos Benavent, en aquel entonces persona de la máxima confianza de Rus y recaudador de una caja B de los populares, quien los guardó entre otro material altamente sensible como los audios que grabó durante una década a dirigentes del PP para tratar de protegerse ante un eventual futuro de problemas judiciales.

No era la única decisión de la jueza instructora, avalada por los informes de la Fiscalía Anticorrupción, que había motivado recursos por parte de la defensa de Zaplana. La ampliación del periodo de instrucción también derivó en la oposición del expresidente al sostener que no estaba justificada la prórroga ante la ausencia de motivos. Pero la Sala, de igual modo, ha rechazado, la posición de Zaplana.

Los magistrados de la sección Quinta mantienen que podían ser necesarias nuevas diligencias cuando el pasado mes de enero se acordó la prórroga. En definitiva, respaldan el criterio de la jueza instructora.

La instrucción se ha caracterizado por negar repetidamente todas las diligencias de prueba que solicitaba fundamentalmente el expresidente de la Generalitat, pero también las de algunos otros imputados en la causa.

El sumario, que arrancó en 2015, ha estado dos años bajo secreto. Tras el final de esta medida excepcional, la instrucción se ha completado con sucesivos informes de la UCO. La mayoría de estos dosieres eran ampliaciones de los primeros trabajos. Pero el funcionamiento del entramado y los participantes estaba definido desde los primeros informes.

La defensa de Zaplana lamenta que no se ha permitido contraatacar esas conclusiones al ser denegadas todas las diligencias. De hecho, el único pronunciamiento favorable de la instructora ha sido para autorizar que Zaplana pueda desbloquear un seguro médico que en su día pagaba Telefónica para atender unos 9.000 euros de gastos médicos derivados de su enfermedad.

La posibilidad de diligencias pendientes aludía, en concreto, a la nueva vía de pesquisas alrededor del que fuera conseller de Industria con Zaplana, Eduardo Castelló. Los investigadores apuntaban a la existencia de pagos sospechosos por importe de 150.000 euros de Elecnor, una de las empresas beneficiadas por la privatización de los parques eólicos, a una mercantil de Castelló en la que sólo figuraba su hija. El propio exconseller ha pedido que su causa se desvincule de la de Zaplana y sea investigada por un juzgado de Castellón, provincia donde el político, al parecer, desplegó sus influencias para conseguir contratos públicos a favor de la citada empresa.

La causa Erial cuenta con numerosos investigados, aparte de Zaplana. Entre los más relevantes figura el que fuera su jefe de gabinete Juan Francisco García y el también expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas. Durante estos años se han decomisado algo más de siete millones de euros. El supuesto testaferro Fernando Belhot entregó esta cantidad en el juzgado tras declarar como testigo en Uruguay ante la juez y el fiscal anticorrupción. Además, también se han decomisado propiedades. Los bienes, en total, superan los once millones, según fuentes judiciales.