La fiscal del caso del ex de Oltra: «Se ocultó la identidad del acusado en un informe»

El informe de la Fiscalía en el juicio por abusos a Luis Ramírez Icardi, expareja de Mónica Oltra, se convirtió en una sucesión de críticas, reproches y recriminaciones a la actuación de la Conselleria de Igualdad. La responsable del ministerio público lo resumió en una frase: «La conselleria debió proteger a la menor y no lo hizo; se le dio un trato degradante». De hecho, pidió a la Sala que reserven acciones legales para que la joven, hoy ya mayor de edad, pueda reclamar una indemnización al Gobierno valenciano. Durante la instrucción, quizá por error, no se pidió que la Administración fuera declarada responsable civil subsidiaria. El ministerio público, en esta repetición parcial del juicio, se mantuvo en su tesis acusatoria: cinco años de cárcel para el educador.

La fiscal relató ayer la cadena de errores en contra de los intereses de la víctima. Respecto al informe aportado a la causa que duda de la credibilidad de la víctima, recordó que la menor «no sabía que la reunión era sobre el tema de los abusos. No se le dijo en ningún momento el objetivo de aquel encuentro». De igual modo, expresó su sorpresa porque en un correo electrónico el educador, ahora acusado, pregunte a la directora del centro si añade o modifica algo de su versión. Una manera de proceder cuanto menos inusual, según destacó.

El ministerio fiscal apuntó también a la falta de colaboración de la Generalitat. «La Fiscalía pidió en dos ocasiones toda la información y no se nos dio». Cuando se presenta la denuncia por abusos, el 27 de julio de 2017, se decretó una orden de alejamiento. «Pero se traslada a la menor de centro y no al investigado. Se le castiga por denunciar los hechos». No se quedaron ahí los reproches. «Una semana después de la denuncia se incoa un expediente informativo cuando todo está ya judicializado». Esto debió añadirse a la causa y, sin embargo, no se hizo hasta dos años después. «¿Todo esto no es algo anómalo para alterar un juicio ya celebrado?», sugirió.

Abordó el dosier que supuestamente cuestiona a la víctima, lo calificó como «tendencioso e incongruente». Sólo pretende «descalificar a la menor» y, además, carece de metodología. La acusación recordó como ahora se dice que la excusa para 'inventarse' esto era ir a otro centro cuando antes se manifestó que era marcharse con los padres de su novio.

También se refirió al expediente fechado el 22 noviembre de 2017. «Un encargo de la Conselleria a una entidad privada y que se basó en el anterior informe del instituto Espill. «Este expediente está sesgado», remató. Además, aportó otro detalle relevante: «Aquí se recoge el nombre de todos los testigos, la psicóloga del centro, la menor, la directora... Pero no pone los apellidos del educador. ¿Por qué se estaba ocultando la identidad de esta persona?».

La Fiscalía insistió en que el relato de la menor está perfectamente cimentado, sin contradicciones ni fisuras. Y que el educador se aprovechó de su posición. «La menor tenía una especial vulnerabilidad. Era el encargado del turno de noche, con una relación de confianza, ascendencia, conocedor del desarraigo y de los miedos».

Lógicamente no piensa lo mismo la defensa, que expuso las contradicciones de la menor en las nueve declaraciones que ha analizado. «No hay persistencia en el incriminación», sostuvo la letrada Ana Cal. Lamentó las incidencias en el procedimiento, pero achacó al ministerio público el error, -aseguró que reconocido por sus responsables- de que no se aportaran los dosieres a la causa judicial cuando estos constaban en la Fiscalía de Menores. La defensa de Icardi se compadeció de la desastrosa vida de la joven , institucionalizada desde su infancia, pero aclaró que esto no es culpa de su cliente. Solicitó la atenuante de la reparación del daño -Icardi ha ingresado 6.000 euros en el juzgado- así como que la de dilaciones indebidas por los retrasos de la causa. El objetivo, obtener una condena más leve.

El acusado quiso aprovechar el turno de última palabra. Contó al tribunal que recientemente sus hijos habían tenido una trifulca en el colegio por defenderle. El educador les recordó cuando él y su ex fueron a adoptarlos y que estaban en una situación similar a la joven que le ha denunciado. «Ella ha soñado toda la vida con vivir con su familia. No es lo mismo tener una que no tenerla», indicó. Estos niños, en referencia a los internos en centros de protección, son muy difíciles. «Cuando quieren algo, la barrera entre la verdad y la mentira no está clara». Y hacen cualquier cosa por esto.

En el plano más personal, comentó la «pesadilla» en la que se ha convertido este asunto. «Parezco el malo de la película», reconoció ante la presión judicial y mediática que ha desatado este juicio. Incluso dijo que a raíz de su caso algunos menores ya han amenazado a otros compañeros en el centro en el que trabajaba: «Sabemos cómo echar a un educador».