La Audiencia rechaza la recusación del ex de Oltra al tribunal que le juzgó

valencia. La repetición del juicio a Luis Eduardo Ramírez, el ex marido de Mónica Oltra condenado por abusos sexuales a una menor, está cada vez más cerca. La defensa trata por todos los medios de evitar al mismo tribunal -magistrados de la sección Segunda de la Audiencia- que ya le impuso cinco años de cárcel en la primera vista, anulada parcialmente por el TSJ al conocerse, con posterioridad al juicio, unos informes que restaban credibilidad al testimonio de la víctima. El alto tribunal rechazó el incidente de nulidad. Ahora, la letrada ha insistido en el mismo objetivo a través de la recusación de la Sala.

La Audiencia, en una providencia, inadmite sus pretensiones. Expone varios argumentos. Uno es que la recusación debió presentarla cuando conoció la composición del tribunal, es decir, en octubre del pasado año, antes del primer juicio. Pero, además, recuerdan que la cuestión está resuelta por el TSJ que ordenó la repetición parcial de la vista pero defendió la «imparcialidad» de los magistrados para volver a examinar el asunto. La abogada del acusado, en cambio, mantiene que el tribunal ya tiene un convencimiento suficientemente asentado -prueba de ello fue la condena- que ahora complica que tenga en cuenta los nuevos indicios.

El siguiente paso será el señalamiento de la vista. El exmarido de Oltra -no se había separado, pero ya no convivían cuando se produjo este hecho, según su entorno- ha trasladado ya la petición de pruebas para la próxima vista. Solicita la declaración de la víctima, que ahora ya es mayor de edad. Considera que interrogarla acerca de los hechos resulta clave ahora que se van a incorporar nuevos informes sobre su credibilidad.

Las novedades respecto al primer juicio son las testificales de dos profesionales, las que firman los dosieres desconocidos en el momento del primer juicio. En uno de ellos se apunta incluso la existencia de motivos espurios por los que la menor habría denunciado a su educador.

También pide que comparezca una experta de la Universidad Complutense de Madrid de Investigación de Psicología del Testimonio. Esto tendría dos objetivos. Por un lado, que haga un informe sobre la credibilidad de la menor teniendo en cuenta el dictamen de la forense del Instituto de Medicina Legal (IML), favorable a la víctima. Y, además, si fuera posible que realizara un examen psicológico a la menor.

Todas estas solicitudes encuentran, en realidad, pocas esperanzas de prosperar porque el TSJ acotó, en la anulación de la sentencia, las pruebas únicamente a los dos informes -la declaración de sus autoras- que se ignoraban en la primera vista.

Los supuestos abusos se habrían producido en un centro de acogida, dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas donde el acusado trabajaba como cuidador entre finales de 2016 y principios de 2017. La Audiencia le impuso cinco años de cárcel. Ahora la fiscalía podría pedir la agravante de superioridad.

Tanto los magistrados como el ministerio público criticaron la actuación de la conselleria por su tardanza en denunciar los hechos -la fiscalía se enteró por la Policía- y por haber encargado a un nuevo informe al margen de la investigación judicial cuando conocían la existencia de la pesquisas en un juzgado.