La Audiencia reprocha la falta de colaboración del centro donde estaba la menor que declaró contra el ex de Oltra

El traslado de la menor que declaró como víctima en un caso de abusos en el que se acusa al exmarido de Mónica Oltra sigue generando novedades. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estudió ayer el informe remitido por la magistrada que presidía el juicio en el que tras un relato de lo acontecido el pasado jueves sugiere la revisión de los protocolos de seguridad en los casos de menores que son víctimas de delitos. De igual modo, el escrito reprocha la falta de colaboración del centro porque nunca informó al tribunal del motivo por el que estaba en esas dependencias -de reforma y en régimen de semilibertad- diferente a las instalaciones de acogida, donde presuntamente sucedieron los abusos que ahora se han juzgado.

La adolescente fue trasladada con esposas y aguardó con ellas hasta su declaración. Una responsable del centro acompañó a la adolescente y a los policías en el traslado a la sede judicial. El informe policial justifica esta actuación para impedir una fuga, riesgo que les habían trasladado desde las dependencias. Las explicaciones de la magistrada que presidía la Sala apuntan a la revisión de los protocolos por si se hubieran vulnerado algunos de los estatutos que asisten a la víctima. Y, al parecer, también corrobora la versión policial de que los agentes desconocían todas las particularidades que rodean este asunto y que la menor era una víctima.

La Sala de Gobierno decidió enviar el informe a la Conselleria de Justicia -de quien depende la Policía Autonómica aunque los protocolos se establecen desde la dirección general– pero también a la conselleria de Políticas Inclusivas, dirigida por Oltra, para que tenga conocimiento de la falta de colaboración de unas dependencias bajo la supervisión de la vicepresidenta. De igual modo, el órgano, que preside la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, acordó que esta cuestión se trate en una reunión de la comisión provincial de seguridad.

LAS PROVINCIAS trató ayer de conseguir información a través del Tribunal Superior de Justicia, órgano que no facilitó ninguna información al respecto de qué se había decidido tras la reunión de la Sala de Gobierno. Sorprende esta opacidad en un asunto que ha generado una enorme polémica al tratarse de una menor.

La fiscalía mantuvo los cinco años de prisión contra el educador por los abusos sexuales que supuestamente se cometieron en un centro dependiente de la Conselleria, aunque gestionado por una entidad privada. Tal y como expuso la forense, la menor es una persona que ha pasado prácticamente toda su vida en centros sociales lo que le hace sentirse "insegura, desconfiada e inestable".