La Audiencia tumba el último recurso en Alquería y aboca la causa al procesamiento

El auto de procesamiento del caso Alquería, el que investiga al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a sus colaboradores más cercanos por los supuestos delitos de prevaricación y malversación en Divalterra, está más próximo que nunca. La Audiencia de Valencia dictó ayer mismo un auto por el que rechaza el recurso presentado por la que fuera gerente de la empresa de la corporación provincial heredera de la vieja Imelsa, Agus Brines, por el que solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones.

Al escrito de Brines se habían adherido, además del propio Rodríguez, otros investigados en la causa como el exjefe de gabinete de presidencia de la Diputación, Ricard Gallego, Raúl Ibáñez y Soledad Torija. Era la última oportunidad de solicitar el archivo de la causa después de que el juzgado de instrucción número 9 ya hubiera rechazado escritos presentados en el mismo sentido por los investigados.

Y la Audiencia, con una llamativa celeridad -el auto del juzgado que se recurría tenía fecha del pasado 11 de noviembre-, resolvió ayer que no, que el recurso presentado no justifica el cierre de una causa en la que se investiga el nombramientos de altos cargos en la empresa de la corporación provincial sin que se justificara el incremento de puestos de responsabilidad y sin seguir criterios de mérito, publicidad y concurrencia que exigen las administraciones públicas.

De hecho, en el auto -al que ha tenido acceso este diario- se señala que Brines aparece «como una de las principales artífices del sistema corrupto de nombramientos que se está investigando», y sus alegaciones «donde deberían canalizarse es en el futuro juicio oral». La sección cuarta de la Audiencia hace mención también a Gallego -persona de la máxima confianza del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez- para constatar que en su propio escrito de recurso «está incluso admitiendo su vinculación subjetiva con los hechos, que no permite el sobreseimiento que pretende». El auto señala que Gallego -al que por error se atribuye la condición de alcalde de Ontinyent- asistió a algunos consejos de administración de Divalterra «y precisamente en el núcleo de la investigación» del juzgado aparece esa empresa pública. Y fue en ella, añade, «donde se desplegó la actividad presuntamente delictiva de autos (por delitos de prevaricación, malversación de caudales y otros que pudieran ser clasificados)».

La Audiencia considera que los hechos denunciados «son de gravedad, constitutivos de delito». Y añade: «tanto las acusaciones como el instructor no solo estiman que existen indicios racionales de criminalidad, sino que hay que estar al pleno resultado de las diligencias de instrucción y adoptar una decisión con visión de conjunto», motivo por el que la decisión del juzgado de avanzar con las investigaciones «no es en absoluto desacertada».

El criterio de la Audiencia, como el expresado por el juzgado de instrucción, abonan el más que probable auto de procedimiento abreviado, o de procesamiento de los cargos investigados. Ante el escrito que Brines presentó ante el juzgado para solicitar el archivo de la causa, el fiscal anticorrupción ya se mostró especialmente contundente respecto a la valoración de los hechos investigados. En su texto, el representante del ministerio público proclamó que Divalterra no había seguido «ninguna normativa ni la estatutaria de la empresa, ni la de la contratación administrativa» en las contrataciones de cargos de alta dirección que realizó.

Anticorrupción señaló que la designación de cargos de alta dirección en esa firma fue «un reparto entre afines a Compromís y afines al PSOE conforme al propio pacto de reparto que habían suscrito entre las formaciones políticas como explicó entre otros el señor Orengo en su declaración testifical». Un caso de «clientelismo político», añadió, que según la Intervención generó un perjuicio de más de un millón de euros.