¿Quién examina al examinador? ¿Y a un juez, quién lo juzga? Esas preguntas que a veces son complicadas de responder se las hacían desde hace casi 40 años en la Sindicatura de Comptes, el organismo que pasa revista a los balances de toda institución pública valenciana. Desde 1984, cuando arrancó su actividad, la Sindicatura parecía por encima del bien y del mal. Encarga a una empresa, que contrata ella misma, una auditoría de las de nivel más superfluo, y hasta el año que viene. Así ha sido hasta que la institución ha decidido jugarse las habichuelas con otro pez gordo institucional: Les Corts Valencianes. El organismo auditor le ha buscado las cosquillas a los partidos en el bolsillo, y le están devolviendo la pelota. Resultado de tanta resistencia y ganas de rivalizar, que tanto el parlamento como el ente auditor van a tener que realizar un desnudo contable integral. La Cámara de representantes, en este sentido, le lleva ventaja a la Sindicatura, que finalmente ha tenido que transigir a ser examinada.
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La Sindicatura de Comptes valenciana informó este pasado lunes al presidente de Les Corts, Enric Morera, que ha solicitado a la Cámara de Cuentas de Aragón (su homóloga en la región maña) un informe de control externo, en la modalidad de auditoría de cumplimiento, sobre la gestión económica del presupuesto del año pasado de la institución encabezada por Vicente Cucarella.
La Sindicatura de Comptes es la institución estatutaria de la Generalitat que controla las cuentas públicas de las administraciones en la Comunitat. El organismo auditor dependiente de Les Corts mantiene un pulso soterrado, precisamente, con el parlamento valenciano desde que en 2016 la Sindicatura entrase a sangre y fuego en las cuentas de la Cámara. La auditoría anual se ha convertido en una tortura, especialmente para los grupos parlamentarios, ya que los partidos estaban acostumbrados a hacer con las subvenciones (cuatro millones anuales) lo que les daba la gana sin pasar por otra ventanilla que el Tribunal de Cuentas, que analiza los balances de manera mucho más generalizada. En ese toma y daca, Les Corts ha terminado por devolverle la pelota a la Sindicatura, que a su vez nunca había sido auditada por ninguna institución pública, lo que el parlamento le hizo saber y le reprochó. Hasta ahora.
Se trata de la primera vez que la Sindicatura será auditada por una institución pública. Hasta ahora encargaba el análisis de su actividad a una empresa contratada por la misma institución. Les Corts ya advirtió que eso le parecía insuficiente. Y más teniendo en cuenta aspectos como la escasa transparencia con la que se maneja la propia Sindicatura cuando rinde cuentas ante la Cámara valenciana. Les Corts le ha afeado esa resistencia a abrir sus balances, así como la existencia de elementos en sus gastos de personal, como es el caso de los pluses por productividad, que son tan elevados como injustificados. En cualquier caso, la decisión del ente auditor valenciano es un paso adelante que, bien es cierto, podría ser aún mayor, ya que es la propia Sindicatura la que ha elegido qué institución va a auditar sus cuentas, y ha preferido confiar sus movimientos económicos a un homólogo. Habrá quien piense que entre bomberos no se van a pisar la manguera, pero está en juego el prestigio de ambas instituciones.
Cucarella ha remitido a la Cámara el plan de control al que se va a someter y que realizará la Cámara de Cuentas de Aragón. En el escrito, el síndic hace referencia, precisamente, a la recomendación del parlamento valenciano de la importancia de incrementar el control de su actividad. Se da la circunstancia y la paradoja que Les Corts está presidida por Morera, un histórico nacionalista responsable de la consolidación y la llegada al poder púbico de Més, el antiguo Bloc. Precisamente los nacionalistas fueron los que recomendaron a Vicent Cucarella para situarse al frente de la institución auditora. En este caso, la afinidad ideológica entre los máximos responsables de las dos instituciones no ha mitigado la bronca larvada durante un extenso lustro.
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En este trayecto de ida y vuelta de recomendaciones, reproches, réplicas y contra réplicas, ahora mismo Les Corts está en fase de alegaciones respecto a la auditoría que la Sindicatura ha realizado de las cuentas parlamentarias de 2020. El nuevo informe incluirá a buen seguro algún tipo de observación en relación a la opacidad de los gastos de los partidos, que no han comenzado a justificar con facturas el uso del dinero público hasta este mismo mes, por lo que hasta que la Sindicatura no proceda a auditar las cuentas de este año (y eso será en 2023), no habrá paz entre ambas instituciones.
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