Una testigo admite en el juicio de Alquería que declaró presionada en Fiscalía

El momento fue interpretado por las defensas y acusados como la confirmación de la existencia de un supuesto complot. Una especie de venganza de otros responsables de la empresa para terminar con el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez. El exdirigente del PSPV, envalentonado tras la jornada de este martes, incluso realizó declaraciones. «Ha quedado demostrado el complot contra el gobierno progresista. Hoy se puede entender mejor el caso Alquería al verse obligada a declarar contra nosotros». Estas manifestaciones sorprenden más todavía después de que el expresidente y el resto de acusados se acogieran a su derecho a declarar en el juicio.

La número 2 de Recursos Humanos ha reconocido que se participó en todo el proceso para estas contrataciones, siempre según la interpretación de las declaraciones que han efectuado los acusados. Los documentos se hicieron desde una asesoría. «Nunca se pretendió ocultar los contratos que estaban en la web de Divalterra», añadió Rodríguez. Se pretendió dotar a la empresa de un «cuerpo jurídico potente», subrayó una vez más el exdirigente del PSPV.

El día no había comenzado de manera tan satisfactoria para los acusados. Todo lo contrario. Era el turno de Alejandro Muñoz, el auditor interno de la firma, en su día denominada Imelsa.

Muñoz relató las presiones que sufría por parte de la gerente Agustina Brines y del jefe de gabinete Jorge Rodríguez, Ricard Gallego quien, según ha relatado, le llegó a decir «hijo de puta» en los consejos de administración. Fuentes de las defensas subrayaron que durante la instrucción ningún diputado fue capaz de confirmar esos improperios.

Otra de las supuestas prohibiciones que les trasladaron –según Collado– fue la de que no acudieran a los consejos de administración. Casualmente, los contratos de los altos directivos no llegaron a pasar por este órgano de control. Incluso, según comentó, llegó a sentirse amenazado ante la posibilidad de un despido.

El profesional, que comparecía en calidad de testigo, ha recordado que todos los directivos estaban «colocados» ahí por los partidos, algo que ya habían confirmado anteriores declarantes, aunque los principales acusados lo han negado en su turno y los directivos han presumido de sus extensos currículums como la mayor garantía para los puestos que desempeñaron.

Pero incluso en este punto Collado ha sido crítico porque ha subrayado que no cumplían funciones de altos cargos ni de responsables de áreas. De hecho, según su opinión, con la llegada del Botánico se despidió a algunas personas, pero se perdió una oportunidad de recortar la masa salarial al proceder luego a las contrataciones de los directivos. Los acusados sostienen que se hizo para poner orden en la empresa tras el paso de Marcos Benavent.

Las defensas, por su parte, han renunciado a casi una docena de testigos que al principio de la vista consideraban importantes para apuntalar sus estrategias. Entre los responsable que ya no deberán comparecer destacan los nombres del presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, de la consellera de Transparencia, Rosa Pérez, que fue diputada provincial y el de José Manuel Orengo, exdirigente socialista próximo a Ximo Puig.