El auditor de Divalterra rechaza todos los costes de la fundación de Orengo

Hace ya casi cinco años, el 17 de mayo de 2016, Divalterra -la empresa pública de la Diputación de Valencia heredera de la vieja Imelsa- firmaba un acuerdo de colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para el desarrollo de un Centro de Investigación de Conocimientos aplicados a la Administración Local (Cical). Una iniciativa impulsada por el exnúmero tres del PSPV, y a esas alturas ya exjefe de gabinete de Jorge Rodríguez en presidencia de la Diputación, José Manuel Orengo, para crear una institución que aconsejara en su día a día a los ayuntamientos pequeños y medianos.

A finales de 2020 el consejo de administración de Divalterra emplazó al auditor de la empresa a analizar los costes generados por una fundación que, como es sabido, acabó saltando por los aires como consecuencia de las dudas que generaba su financiación. El informe del auditor interno, al que ha tenido acceso este diario y que tiene fecha del 3 de febrero, viene a corroborar las irregularidades que ya constató inicialmente la Agencia Antifraude. Pagos fuera de plazo, sin justificar, sin evidencia de participación, no acordes con el objeto... una serie de irregularidades que afectan a la totalidad del proyecto.

¿A la totalidad? El auditor interno analiza en su informe un total de 52 costes presentados por la FVMP, y que suman los 106.958,43 euros que, en teoría, debe afrontar Divalterra. Y los cuestiona todos, los 52, tanto los 48 relativos a gastos de personal, y que sumaban un total de 86.719,43 euros, como los gastos generales -9.600 euros- y los de proyecto -10.639 euros-.

El auditor arranca señalando que la FVMP, con fecha de enero de 2017 presentó una relación de costes que ascendía a 157.995,81 euros, cantidad incluso superior a los 120.000 euros que figuraban en el acuerdo de colaboración entre esa institución y Divalterra. Es la comisión mixta de seguimiento la que cuatro meses después reduce esa cifra a 106.000 euros.

¿Y qué pasa con esos costes? De los vinculados a gastos de personal, un total de 48, el responsable de la fiscalización de la empresa provincial advierte de que se han presentado al cobro un total de 12 costes «devengados con anterioridad al marco temporal» contemplado en el acuerdo, otros nueve se devengan con posterioridad y cuatro más se imputan por enteros, sin consideración de la parte proporcional. Es decir, de los 48 costes de personal por valor de 95.000 euros, según las cifras de la FVMP, el auditor de Divalterra sólo valida 21, y los valora en 36.627,08 euros -casi 60.000 euros menos que la cifra inicial de la FVMP-. Que los valida, en realidad, es una forma de hablar, porque el mismo fiscalizador señala que, pese a que la entidad municipal aporta nóminas y liquidaciones sociales, los costes de personal «no acreditan mediante evidencia suficiente y adecuada la real y efectiva imputación al acuerdo/convenio, de acuerdo con los procedimientos de justificación generalmente aceptados».

Respecto a los gastos generales, ampliados de los 3.544 euros de la liquidación inicial de la FVMP a los 9.600 euros definitivos, el auditor también proclama que «no se ha encontrado ningún documento donde figure la relación inequívoca de los gastos consignados en dichas liquidaciones con la actividad objeto del acuerdo/convenio». Y añade: «En especial, existen comprobantes en dietas y en kilometraje superiores a los establecidos en la normativa fiscal».

Y de los gastos proyecto, estimados en 10.639 euros, el auditor viene a hacer suyo el criterio de la Agencia Antifraude, al subrayar que el gasto de 2.178 en 'alquileres salones campus Gandia' «no goza de ninguna relación directa con el objetivo del convenio», mientras que el análisis de la RPT y el manual de identidad corporativa «no se encuentran dentro» del objeto del convenio. El auditor cuestiona un total de 52 costes, por valor de 115.239,91 euros. Es decir, por la totalidad de los costes que la FVMP presente para su pago a Divalterra.