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Una auditoría realizada por la Intervención General de la Diputación de Valencia revela diferentes irregularidades que han tenido lugar en la Fundación de la Comunitat Valenciana Hospital General Universitario para la Investigación en 2016, el primer año completo gestionado por el cuatripartito que lideran PSPV y Compromís en la Diputación de Valencia.
El informe, en el que también ha participado la empresa externa Fides Auditores y al que ha tenido acceso este diario, señala que la fundación del centro «no dispone de un procedimiento por escrito para la concesión de ayudas» y que en las convocatorias analizadas «no se refleja la puntuación a otorgar» a cada uno de los criterios de selección. Además, se subraya que las bases de la convocatoria no han sido aprobadas por el órgano competente y que en las valoraciones finales no se han tenido en cuenta la totalidad de los criterios, aunque se matiza que se ha verificado que los candidatos que obtienen la mejor puntuación son los mismos.
Otra de las irregularidades detectadas en el organismo que depende de la Diputación hace referencia a los contratos menores. La auditoría indica que «no se dispone de un listado de los contratos adjudicados de forma directa durante el 2016» y se recalcan debilidades como no disponer de la documentación soporte que acredite la capacidad de obrar, la habilitación profesional del adjudicatario y la solicitud del presupuesto. También se recuerda que la fundación «debe tener en cuenta que la contratación de servicios por importe inferior a 18.000 euros tienen como finalidad posibilitar la satisfacción rápida de determinadas necesidades de escasa cuantía y duración temporal», siendo contrario a la normativa formalizar sucesivos contratos menores de manera repetitiva. En este punto se señala que determinados servicios deberían ser adjudicados mediante la tramitación de un expediente de contratación y no de manera directa.
En materia de personal, la Intervención destaca que no se ha evidenciado que se haya solicitado la aprobación de la masa salarial correspondiente al ejercicio en cumplimiento con la ley de racionalización de la Administración Local y se constata que se han realizado contratos temporales sin «la debida motivación que justifique la necesidad urgente de dichas contrataciones, tal y como se requiere». Además, se revelan debilidades en el proceso de convocatoria del puesto de gerente al no detallarse subcriterios a tener en cuenta en la valoración y establecer una retribución anual superior a la marcada por el convenio de sanidad.
El Hospital General de Valencia ha protagonizado otras polémicas en diferentes ocasiones. Uno los episodios más sonados fue la destitución de Sergio Blasco, exgerente del centro sanitario bajo el gobierno popular, que dimitió en 2014 por las adjudicaciones para construir dos hospitales en Perú. Unos actos que se encuentran en los juzgados y que se han saldado en los últimos años con diferentes detenciones en la familia Blasco.
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