Ayudas para los coches de la dana: Mazón paga 23.000 y Sánchez sigue a cero

Uno de los ejemplos más evidentes es el de las ayudas por vehículo siniestrado como consecuencia de la dana. La conselleria de Hacienda que dirige Ruth Merino anunció una subvención directa de hasta 2.500 euros por vehículo siniestrado, con independencia de que fuera coche, moto o furgoneta y de que el propietario dispusiera de uno o de más vehículos siniestrados. La medida se aprobó en el pleno del Consell del pasado 14 de enero y las solicitudes se pueden presentar desde el pasado día 17, hace poco más de diez días.

Las últimas cifras con las que trabaja la administración autonómica indican que se han presentado ya más de 60.000 solicitudes de ayuda. Y que de ellas, en ese plazo de poco más de una semana, se han abonado ya casi 23.000 solicitudes, tras las tramitación del expediente, por un total de 43,2 millones de euros.

En concreto, la cuantía de la ayuda asciende a los siguientes importes en función de la categoría del vehículo siniestrado: 250 euros para ciclomotores; 750 euros para motocicletas; 2.000 euros para turismos, furgonetas y vehículos similares, y 2.500 euros para turismos, furgonetas y vehículos similares adaptados para personas con movilidad reducida. Ayudas de hasta 2.500 euros sin necesidad de adquirir uno que lo sustituya.

Para la concesión inicial de las ayudas era suficiente con que se justificara la baja temporal del vehículo en la DGT y se manifestara el compromiso de tramitar la baja definitiva del vehículo en cuanto fuera posible y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2025. Está línea de ayudas está exenta de tributación, porque la administración autonómica mantiene la estrategia de exenciones fiscales para los damnificados con la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de vehículos de segunda mano.

Todo este ingente proceso de tramitación de las ayudas de vehículos siniestrados se ha llevado a cabo al amparo y gracias al Plan Simplifica puesto en marcha por la dirección General de simplificación administrativa que encabeza Francisco Ortega, que ha trabajado codo con codo con la Conselleria de Hacienda y Economía, y con la Agencia Tributaria Valenciana que dirige Sonia Díaz. La coordinación entre los distintos departamentos ha permitido gestionar, tramitar y pagar las ayudas en un tiempo récord.

El Gobierno central también ha movilizado una serie de ayudas para los damnificados por la riada que han perdido algún tipo de vehículos. Más que movilizado, por el momento sólo las ha anunciado. En concreto, Pedro Sánchez anunció en su comparecencia del 27 de noviembre un paquete de ayudas para la compra de vehículos dirigido a las personas que habían perdido sus vehículos el 29 de octubre. El denominado Plan Reinicia Auto+, según anunció el Gobierno, estaba dotado con 465 millones de euros, e incluía ayudas que llegaban hasta los 10.000 euros por vehículo.

Las ayudas se podrían solicitar, se explicó, a través de los concesionarios adheridos. Según la información que facilita la Moncloa, un total de 1.367 concesionarios se habían sumado a esta iniciativa al cierre del periodo de adhesiones (que finalizó el pasado 9 de diciembre). 1.367 concesionarios que han recibido 7.409 solicitudes de ayuda, según se informa en el mismo documento.

¿Y pagos? A esta fecha, el Gobierno central no ha realizado pago alguno de este tipo de ayudas –según la información que facilita en esa página web-. No ha abonado ninguna solicitud de ayuda, y no ha recibido demasiadas (poco más de 7.400) en comparación con las más de 60.000 de la administración autonómica, que son ocho veces más.

Según las fuentes consultadas por este diario, el Ejecutivo central aún se encuentra revisando documentación de los concesionarios adheridos al plan. El jefe del Consell, Carlos Mazón, explicó que esta ayuda se habilitaba a través de la Conselleria de Hacienda para cruzar datos entre la Agencia Tributaria Valenciana y la Dirección General de Tráfico para facilitar la coordinación entre ambos organismos «para ser más ágiles y favorecer tanto el proceso de tramitación como los pagos a los beneficiarios».

El de las ayudas por los coches siniestrados por la dana es uno de los principales exponentes de la doble velocidad en la concesión de ayudas que lleva el Gobierno valenciano y el que preside Sánchez. El Ejecutivo central viniendo poniendo en valor los 16.600 millones de euros «movilizados» -el dato figura en la página web de Moncloa en la que se informa del capital con el que se viene dando apoyo a la provincia de Valencia tras la riada del 29 de octubre. Sin embargo, de esos 16.600 millones, se han abonado 1.727 millones de euros, es decir, poco más del 10%.

Más aún, de esos 1.727 millones, 1.360 millones corresponden a los pagos atendidos por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) -que no son tanto ayudas como un derecho–, de modo que los pagos efectivos, cuando se cumplen tres meses de la riada, superan por poco los 360 millones de euros.

La cifra, para entenderla, hay que ponerla en comparación con la cuantificación de los daños –31.000 millones según la primera estimación del Consell, y no menos de 17.000 según el ultimo informe elaborado por el IVIE–. Frente a esos datos, los poco más de 360 millones del Gobierno en ayudas directas, tres meses después de la dana, resultan un montante difícilmente sostenible.