Las ayudas del Consell a una operación mediática que beneficia a Puig llega a Les Corts

La presencia de Ximo Puig en el accionariado de Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), la empresa editora del diario Mediterráneo de Castellón y en el que Grupo Zeta era accionista mayoritario, y la adquisición de ese grupo por parte de Prensa Ibérica, editora entre otros de los diarios Levante e Información, ha derivado en una fuerte polémica que ya ha llegado a Les Corts. Tanto Ciudadanos como PP han cuestionado la operación, que ha contado con una participación indirecta de la administración autonómica a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

La polémica arranca del acuerdo alcanzado en su día por Prensa Ibérica con los acreedores de Grupo Z para llevar a cabo una quita del 70% de la deuda total del grupo de Antonio Asensio. Pecsa, la editora de Mediterráneo, se habría visto beneficiada de una decisión en la que, además, habría participado el Instituto Valenciano de Finanzas, al que Grupo Z también debía 1,9 millones de euros. El IVF, dependiente de la conselleria de Hacienda, dio el visto bueno a la condonación de una parte de la deuda -que alcanzaría los 1,3 millones de euros- y favoreció así la adquisición por parte de Prensa Ibérica de Grupo Z.

El paquete de acciones de Puig en Pecsa está valorado en unos 178.000 euros. Según informa hoy Eldiario.es, el presidente de la Generalitat participó en el pleno del Consell que dio luz verde al acuerdo adoptado por el IVF que dirige Manuel Illueca para condonar la deuda al Grupo Zeta. Puig habría participado en la votación del pleno del Consell que, por unanimidad, aprobó la operación.

La polémica ha llegado a Les Corts a través de PP y Ciudadanos. La formación que lidera Isabel Bonig ha solicitado la comparecencia de Puig en la diputación permanente de Les Corts para que aclare los términos de su participación en ese pleno del Consell que propició una operación mediática que le benefició. Los populares han reclamado además información al Gobierno valenciano respecto a las condiciones de la condonación llevada a cabo en este caso por el IVF así como por el resto de acuerdos similares adoptados por esa entidad.

Por su parte, Cs ha presentado una batería de preguntas en la Cámara. La formación que encabeza Toni Cantó plantea si considera «ético» que el presidente valenciano «sea accionista» de un grupo de Comunicación de la Comunidad Valenciana «y que dicho medio sea el que más publicidad institucional recibe y haya sido beneficiado por la condonación de más de 1,3 millones de euros por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)», informa Valencia Plaza.

Cs quiere saber también los criterios utilizados «para la adjudicación en publicidad institucional de 3,6 millones de euros en los diversos medios de comunicación» y pregunta a Hacienda las razones que justifican «el beneficio otorgado al Grupo Zeta, de la condonación de los más de 1,3 millones de euros por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)».