El Ayuntamiento reclama seis años a Benavent por las adjudicaciones de Alcón

Los dirigentes acusados son 'algunos' viejos investigados en otras piezas de la macrocausa como, por ejemplo, la financiación ilegal del PP. Así, en esta línea, destaca Carlos Turró, al frente de Cleop. Su empresa se vio beneficiada con trabajos de limpieza en las torres de Quart. Al margen de la pena de cárcel, le reclama 60.000 euros de multa. La mayor cantidad de todos los empresarios.

Otro de los contratos bajo sospecha es el de la Lonja. Una actuación que superaba el millón de euros y que, posteriormente, se amplió para incluir las tareas de limpieza y mantenimiento del Consulado del Mar.

El Ayuntamiento sostiene que por la «intermediación» de Benavent se le entregaron 9.000 euros. Éste los repartió con la edil. En la causa existen unos audios que hacen referencia a este reparto del dinero. Son las grabaciones que durante años registró Marcos Benavent para protegerse de futuros problemas judiciales. Por este encargo está acusado el empresario Carlos Gil, representante de Estudios Métodos de la Restauración SL.

Enrique Aleixandre Chumillas es el tercero de los empresarios salpicados por esta investigación de la UCO. Rafael Barat, el socio en la sombra de Marcos Benavent en otros negocios, fundamentalmente en la empresa Themática, se ha quedado fuera de la acusación. Exactamente igual que ocurrió con Pedro Aracil, asesor de Alcón, cuya actuación ha quedado sobreseída por el juzgado. Aleixandre se encargó del servicio de azafatas, chóferes y personal auxiliar de la XVII Mostra de València-Cinema Mediterrani que se celebró en 2006. La mercantil seleccionada fue Universo Selección. El contrato era de 46.000 euros.

La causa, no obstante, reúne indicios de escasa entidad. Por ejemplo, los informes periciales no demuestran el amaño de los contratos. Es más, recogen que los criterios son correctos. Tampoco hay mayor constancia de los pagos de empresarios más allá de las declaraciones de Benavent que, si continúa con su estrategia, volverá a insistir en la manipulación de las cintas. De hecho, estas circunstancias han llevado a a la acusación popular, que ejerce la organización Acción Cívica, a retirarse de la causa. No aprecia suficientes indicios como para sostener una acusación solvente. La Fiscalía parece que también acusará.