La Audiencia reprocha al Ayuntamiento de Valencia falta de diligencia en el caso Imelsa

Varapalo de la Audiencia al Ayuntamiento de Valencia. La Sala ha huido de ambigüedades al responder al recurso del Consistorio que pretendía reabrir la causa del fraude de Themática y sentar en el banquillo a la exedil del PP Mayrén Beneyto. Y esta solicitud pese a que la Fiscalía dijo que los hechos para la exconcejal de Barberá estaban prescritos. En su afán por manchar a Beneyto, el abogado del Ayuntamiento culpó a la UCO de que las pesquisas no se dirigieran también desde la fase inicial contra la excargo popular.

El auto de la Audiencia, sin embargo, rechaza esa tesis. Es más, culpa directamente de falta de diligencia a la corporación municipal. Fue un funcionario, al parecer sin el conocimiento del resto de dirigentes, quien en octubre de 2015 envió los expedientes bajo sospecha. «No presentó el Ayuntamiento ninguna denuncia. Y no es hasta ahora, entre 13 y 11 años después de los hechos cuando pretende a través de un recurso» al auto de procesamiento incluir a la exedil y ampliar el marco temporal de la investigación. Recuerda al letrado del Ayuntamiento que en cualquier caso, tras la declaración como testigo de Beneyto, debió pedir su comparecencia como investigada si consideraba que «mentía», tal y como sostiene en su escrito. Pero nunca lo hizo. Sólo activó esta opción, una vez la jueza dio por terminada la causa.

También rechaza la excusa del letrado del Consistorio que alegó que sólo ahora había conocido la existencia de los nuevos expedientes bajo sospecha. «El Ayuntamiento es el creador, tramitador, depositario y autor de esos documentos». Por tanto, carece de sentido que el que representa los intereses de la corporación no conozca todo el material del que dispone.

Tras este auto del tribunal de la sección Cuarta, el Consistorio ha decidido apartarse como acusación de este sumario, una de las piezas separadas de la macrocausa de Imelsa, asunto que parte de las revelaciones del exgerente de la citada empresa pública Marcos Benavent.

La huida del Consistorio llama más la atención en una causa en la que dos funcionarias, una de las cuales todavía desempeña una labor de responsabilidad al frente de una concejalía del PSPV, se enfrentan a importantes penas de prisión por parte de la Fiscalía. La principal procesada municipal es Francisca Tamarit, la jefa de servicio de Cultura, como pieza clave para ejecutar el plan delictivo en 2008 y 2009. Junto a ella, se sentarán en el banquillo Benavent y destacados dirigentes del PP como Juan José Medina por supuestamente aceptar que se pagaran actos electorales con dinero público de Imelsa.

La decisión del Consistorio evita un supuesto 'problema' de acusar a dos trabajadoras del Ayuntamiento pese a que los hechos son de la etapa del PP. Sin embargo, esta postura encaja con dificultad en el habitual discurso de Ribó de lucha contra la corrupción.